El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró este viernes que el gobierno responsabilizó a 32 dirigentes de organizaciones sociales por «extorsión» ante la Justicia Federal. Además, indicó que se les enviará una factura de 60 millones de pesos por el costo del operativo de seguridad realizado en la movilización piquetera de este miércoles 20 de diciembre.
«Hemos visto en los últimos días como intendentes y gobernadores han adoptado medidas en línea con lo que viene pregonando el presidente Javier Milei con la reducción de los privilegios de la política y la adecuación del gasto público», manifestó en su diálogo habitual con la prensa.
«Llegó el tiempo del ciudadano y no del privilegio político», sostuvo a continuación Adorni antes de anticipar la publicación de un informe con los detalles del primer operativo de las fuerzas de seguridad con el nuevo «Protocolo de mantenimiento de orden público», bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El portavoz presidencial comunicó que se realizó una denuncia por «extorsión y defraudación al Estado» por el manejo de planes sociales ante la Justicia Federal, que por sorteo quedó a cargo del tribunal del juez Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita.
«La línea 134 ha recibido de manera anónima 16.150 llamadas, de las cuales hay 1.200 que encuadran en los delitos por los cuales se acusan a 32 personas de distintas organizaciones», añadió.
Se trata de la línea telefónica 134, la cual habilitó el Gobierno nacional a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que beneficiarios de los planes denuncien amenazas de los dirigentes sociales. «Tenemos la decisión de terminar con la intermediación como negocio”, habían señalado.
