El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan de privatizaciones. Este lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la empresa estatal Corredores Viales S.A. será transferida al sector privado que quedará a cargo de los peajes. El anuncio oficial generó alarma entre los empleados de Vialidad Nacional.
La privatización de Corredores Viales S.A., según el Gobierno, busca transferir la gestión a concesionarias privadas. Sin embargo, el temor por despidos masivos y falta de inversiones en infraestructura se intensifica.
La firma, que administra rutas y autopistas en varias provincias, dejará de estar bajo control estatal y pasará a operar mediante concesiones. Así lo explicó esta mañana Adorni al confirmar que «la privatización de las empresas públicas es irremediable».
El funcionario detalló que el modelo que se implementará permitirá que las empresas privadas se encarguen de las obras. A cambio, podrán exigir el cobro de peajes a los usuarios. Así, el Estado se desprenderá del mantenimiento de la red vial y reducirá el gasto público.
Según datos oficiales, Corredores Viales S.A. administra 8.470 kilómetros de rutas nacionales y autovías en 12 provincias. Entre ellas: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza. También gestiona el Acceso Riccheri, una de las vías más transitadas del país.
La justificación para privatizar los peajes
El comunicado oficial remarcó que la empresa arrastra un déficit millonario. En 2023, generó pérdidas acumuladas por $268.000 millones y recibió asistencia del Tesoro Nacional por $301.000 millones. Además, el Gobierno detectó que el 45% de los tramos administrados por la firma no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) será la encargada de ejecutar el proceso de concesión y liquidación de Corredores Viales S.A. Una vez que los contratos con las nuevas empresas sean adjudicados, la compañía estatal será disuelta.
Según el Gobierno, la privatización de los peajes impactará en varias rutas que hasta ahora no tenían concesión. Entre ellas, la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos y la variante de la RN 19 en Córdoba. También se sumará la licitación de la ruta del Mercosur, un tramo de 670 kilómetros que estuvo operado por la empresa CRUSA durante 30 años.
Preocupación y miedo a despidos
La decisión genera preocupación en el sector. Fabián Catanzaro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional, recordó lo sucedido en la década del ‘90, cuando se privatizó la gestión de peajes. “Sobre un plantel de 8.000 trabajadores, después de las concesiones solo quedaron 3.000”, alertó. Además, confirmó que el gremio está en «estado de alerta y movilización».
La privatización de Corredores Viales S.A. forma parte del plan más amplio del Gobierno para reducir la participación estatal en empresas públicas. En la lista de firmas sujetas a privatización también están AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y la Sociedad Operadora Ferroviaria. Con este proceso, la administración de Milei busca achicar el gasto público y fomentar la inversión privada en infraestructura vial.
