La Justicia federal de La Plata detuvo el intento del Gobierno de modificar la estructura del Banco Nación. El juez Alejo Ramos Padilla ordenó suspender el decreto 116/2025, que establecía la transformación de la entidad en sociedad anónima. La medida cautelar prohíbe cualquier acción administrativa hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La decisión judicial responde a una demanda presentada por trabajadores del banco. Los denunciantes argumentaron que el decreto es un intento encubierto de privatización, pese a que la Ley Bases excluyó al BNA de la lista de entidades privatizables.
Un cambio que requiere aprobación del Congreso
El fallo de Ramos Padilla sostiene que modificar la estructura jurídica del Banco Nación es competencia exclusiva del Congreso. Además, señala que el Poder Ejecutivo podría haber excedido las facultades delegadas al impulsar esta reforma sin aprobación legislativa.
El decreto establecía que el Banco Nación operaría bajo la Ley de Entidades Financieras y permitiría la entrada de capitales privados. También otorgaba al Ministerio de Economía la facultad de administrar el capital social de la nueva sociedad.
Sin embargo, el juez advirtió que el cambio podría generar efectos económicos y sociales irreversibles. La posible pérdida de su carácter público y el ingreso de inversores privados representarían riesgos que justifican la intervención judicial.
La polémica por el decreto de convertir al Banco Nación en Sociedad Anónima
El Gobierno justificó la medida argumentando que busca modernizar el sistema financiero y aumentar la competitividad del BNA. En contraste, los trabajadores denunciaron que es un intento de privatización sin debate parlamentario.
El juez también destacó que el propio Banco Nación y el Estado habían solicitado que la cuestión se declarara abstracta. Según su interpretación, la exclusión del banco de la Ley Bases cerró cualquier posibilidad de privatización. No obstante, la publicación del decreto 116/2025 reactivó el conflicto.
Un banco clave en el sistema financiero
El Banco Nación administra una parte importante del sistema bancario argentino. Maneja el 18% de los depósitos privados y el 50% de los públicos, lo que equivale a casi una cuarta parte de todos los depósitos del país. Además, posee 658 sucursales, representando el 16% del total del sistema.
El fallo judicial obliga al Gobierno a abstenerse de implementar el decreto. También les da cinco días para presentar un informe detallando el impacto de la reforma en el interés público.
Mientras tanto, el futuro del Banco Nación sigue en disputa. La batalla entre el Gobierno y la Justicia podría definir el destino de una de las instituciones financieras más importantes del país.
