La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificó la condena contra el empresario de la construcción Otto Barenbreuker por el delito de defraudación fiduciaria. Esta decisión, confirmó la sentencia inicial dictada en diciembre de 2022 por la Sala II de la Cámara Conclusional. Coincidiendo, a su vez, con la opinión del Ministerio Fiscal.
En este sentido, el máximo tribunal entendió que correspondía “no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado”. Consideraron por unanimidad y en concordancia con lo esgrimido por el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, que la sentencia estaba bien determinada.
“El fiduciario conocía el perjuicio que causó a los fiduciantes al no entregar las unidades (viviendas) que las víctimas esperaban recibir luego de haber transmitido su patrimonio. No tengo dudas que se aprovechó de la confianza depositada en él y no protegió el patrimonio recibido. Dispuso de ese dinero en su beneficio para seguir formando fideicomisos que no entregaba. Cobrando honorarios por el rol de fiduciario que no cumplía y benefició a terceros”, había argumentado Jiménez.
La causa
En noviembre del año pasado las juezas Stella Maris Arce, Wendy Kassar y María Fernanda Bahler condenaron a Barenbreuker por defraudación en concurso real, teniendo en cuenta las amenazas reportadas por una de las fiduciantes.
Unas 20 personas iniciaron la causa al confirmar que le habían pagado al empresario por un departamento que nunca entregó o cuyas condiciones contractuales eran muy diferentes.
El fiscal a cargo de la investigación, Carlos Saltor, solicitó, durante su alegato, una pena de nueve años de prisión. Así también, como la inhabilitación por el mismo período para ejercer el comercio.
Finalmente las magistradas lo condenaron a la pena de 6 años de prisión. En la justificación de la sentencia argumentaron: “Barenbreuker montó toda esta estructura con la finalidad de defraudar a los inversionistas. Utilizó un negocio jurídico válido, con el fin de administrar en forma fraudulenta los bienes entregados, y desviarlos del fin para el que fueron invertidos. En lugar de invertirlos en las obras de los fideicomisos para los que fueron entregados, los desviaba en beneficio propio hacia otros fines distintos”.
Ahora, con el rechazo de la Corte al recurso de casación presentado por la defensa, el empresario y arquitecto deberá cumplir su pena efectivamente en una unidad penal.
