Carolina Ballesteros fue destituida este jueves tras un fallo unánime del Jurado de Enjuiciamiento. La medida generó un fuerte impacto en la provincia, con denuncias cruzadas y acusaciones de persecución política.
El tribunal evaluó tres cargos contra Ballesteros y resolvió apartarla de su puesto. Determinó que la exmagistrada violó la esencia del proceso en un caso donde su padre era víctima. Además, la acusó de excederse en su actividad jurisdiccional al realizar afirmaciones despectivas contra fiscales y defensores. Por último, le imputó denuncias de malos tratos hacia el personal judicial.
Eleonora Rodríguez Campos, vocal de la Corte Suprema de Tucumán, encabezó el jurado. También participaron representantes del Ejecutivo, el Colegio de Abogados y legisladores provinciales.
Repercusiones y denuncia pública
Ballesteros denunció que su destitución fue motivada por intereses políticos. “Esta decisión tiene nombre y apellido: Edmundo Jesús Jiménez”, declaró. Según la exjueza, el ministro Público Fiscal la amenazó y lideró una persecución en su contra desde 2019.
La magistrada anunció que recurrirá la decisión y buscará revertir la medida en instancias superiores. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, aseguró.
Las acusaciones contra Ballesteros
El Jurado de Enjuiciamiento la encontró culpable de tres cargos que comprometían su labor como magistrada.
La primera acusación señala que en 2022, la jueza intervino de manera indebida en un caso donde su padre era la víctima. Se la acusa de haber “violentado la esencia del proceso” al influir en las medidas contra los imputados, su madrastra y sus medias hermanas. También se la señala por confrontaciones con funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
El segundo cargo corresponde a 2023, cuando Ballesteros realizó expresiones despectivas contra miembros del Ministerio Público de la Defensa (MPD) y el MPF durante una audiencia. Sus dichos fueron considerados una falta grave dentro de su función jurisdiccional.
El tercer motivo que generó su destitución ocurrió en 2019. Ese año, varios empleados del Juzgado Penal de la V Nominación denunciaron a la magistrada por malos tratos y solicitaron traslado debido al ambiente conflictivo bajo su mando.
El fallo del tribunal determinó que Ballesteros había desatendido sus deberes y adoptado conductas incompatibles con su rol. Con esta resolución, la jueza quedó apartada de su cargo de forma definitiva.
