Donald Trump comenzó su gobierno con una fuerte medida contra la inmigración ilegal. La promesa de campaña ya está en marcha: deportar a más de 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos.
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizó cientos de redadas en diferentes estados, dejando un saldo de 538 arrestos en un solo día. Esta cifra casi duplica el promedio diario registrado meses atrás. Las primeras deportaciones aéreas también ya están en curso.
En Massachusetts, ciudades como Chelsea y East Boston vieron arrestos masivos. La gobernadora Maura Healey apoyó las detenciones de delincuentes, aunque se negó a calificarlas como redadas. Afirmó que priorizará la seguridad de las comunidades.
La administración de Trump justificó los operativos asegurando que la prioridad son migrantes con antecedentes penales. Sin embargo, activistas y políticos denuncian irregularidades. El alcalde de Newark, Ras J. Baraka, acusó a ICE de realizar detenciones sin órdenes judiciales, incluso a ciudadanos estadounidenses.
Los vuelos de deportación comenzaron desde el aeródromo militar de Biggs, Texas. El primer avión, con 81 deportados, despegó casi lleno. Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, afirmó que esta medida es un mensaje claro para quienes intentan cruzar ilegalmente la frontera: «Habrá consecuencias graves».
Trump también autorizó operativos en escuelas e iglesias, lo que estaba prohibido anteriormente. Según el Departamento de Seguridad Nacional, «los delincuentes ya no podrán usar estos lugares como refugio».
Aunque algunos gobernantes locales apoyan los arrestos de criminales, otros critican lo que consideran violaciones constitucionales. Denuncian que se están atropellando derechos básicos, como la protección contra registros e incautaciones sin fundamentos.
La política de mano dura de Trump genera divisiones. Mientras sus seguidores la ven como una solución firme, los opositores temen impactos humanitarios y legales devastadores.
