Antes de viajar a Estados Unidos, el presidente Javier Milei avanzó con cambios en el Banco Nación. Firmó el decreto 116/2025, que establece su conversión en sociedad anónima. La entidad, inicialmente excluida de la lista de privatizaciones, podría quedar más cerca de una eventual venta.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la decisión a través de sus redes sociales. «El Presidente acaba de firmar el decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima. Dios bendiga a la República Argentina. Fin», expresó.
El Banco Nación en manos del Ministerio de Economía
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, especifica que el Ministerio de Economía tendrá el control de la nueva entidad. El Estado Nacional poseerá el 99,9 % de las acciones, mientras que la Fundación Banco de la Nación Argentina tendrá el 0,1 % restante. La medida cuenta con la firma de Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo.
Desde su asunción, el presidente del banco, Daniel Tillard, impulsó la reforma. Su plan busca consolidar la estructura financiera para facilitar la apertura del capital. En un comunicado de enero, la entidad señaló que la transformación en sociedad anónima permitiría ampliar el fondeo y otorgar más créditos a las PyMEs y familias.
El Banco Nación cerró 2024 con un récord en préstamos, superando los u$s15 mil millones en desembolsos. También aumentó su participación en el sistema financiero del 11,4 % al 17,6 %. En su balance especial de transformación, la institución declaró activos por $48 billones y un patrimonio neto de $15 billones.
La decisión del Gobierno avanza pese a las restricciones legales. En septiembre de 2024, la Justicia Federal advirtió que cualquier privatización del banco debería pasar por el Congreso. Aunque el proyecto original de la Ley Bases incluía la venta del Banco Nación, el Parlamento lo excluyó del listado, junto con Aerolíneas Argentinas e YPF.
El futuro del Banco Nación sigue generando debate. Mientras el Gobierno avanza en su reestructuración, la oposición y el Poder Judicial advierten sobre los límites legales de su privatización. La decisión final quedará en manos del Congreso.
