El intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, rechazó las acusaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre un presunto desvío de fondos. En una conferencia de prensa, aseguró que el municipio no recibió ninguna notificación formal sobre la investigación y defendió el manejo de los recursos. Además, aseguró que se trata de una operación política para ensuciar la gestión de Osvaldo Jaldo en un año electoral.
«No tenemos conocimiento de un informe de la UIF ni de la PROCELAC que involucre a nuestro municipio», afirmó Monteros. En este sentido, fue contundente al cuestionar la utilización del término “desfalco” para referirse a la operatoria financiera de su gestión. Explicó que las extracciones en efectivo estaban avaladas por el Banco MACRO y que todas las operaciones fueron registradas.
Según el intendente, al asumir en noviembre de 2023, detectó una modalidad heredada de administraciones anteriores. “Desde entonces, trabajamos para transparentar el sistema. Bancarizamos a trabajadores que antes cobraban en efectivo”, afirmó. También destacó que redujeron un 60% la cantidad de beneficiarios de subsidios municipales y disminuyeron la asistencia social de 3.000 a 1.300 personas.
La investigación y las acusaciones de la UIF
El informe de la UIF señala que, durante 2023 y hasta mediados de 2024, varios municipios del norte argentino realizaron extracciones millonarias en efectivo. En algunos casos, los fondos terminaron en cuentas privadas de empleados municipales, quienes los usaron para comprar dólar MEP. La denuncia menciona desvíos por hasta $45.000 millones en Tucumán, Salta y Catamarca.
Sobre las sospechas, Monteros afirmó que todas las operaciones fueron contabilizadas y remitidas al Concejo Deliberante, órgano de control municipal. «Trabajamos con transparencia y seguiremos haciéndolo», aseguró.
Consultado sobre las investigaciones, el intendente sostuvo que no existe expediente formal que lo involucre. «Si la justicia lo requiere, pondremos toda la documentación a disposición», prometió. También sugirió que la denuncia responde a una estrategia política en un año electoral. «Entendemos cómo se juega en la política, pero esto daña la imagen de nuestra gestión», afirmó.
Sospechas de una operación política
Monteros sugirió que la denuncia en su contra responde a una estrategia política en un año electoral. “Hoy, circunstancialmente, quien es mi papá desempeña un rol importante dentro del gabinete del gobernador Osvaldo Jaldo”, afirmó. También señaló que existe una campaña para dañar su imagen y afectar al gobierno provincial.
El funcionario vinculó las acusaciones de la UIF a sectores opositores. “Nosotros creemos que esto, teniendo en cuenta que vivimos en un año electoral, forma parte de las estrategias políticas de algunos sectores”, dijo. Aunque no precisó nombres, mencionó que los ataques provienen de opositores al gobernador Jaldo.
