La fiscala Paloma Ochoa intimó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que en un lapso de 10 días informe el proceso de distribución de los alimentos destinados a los comedores populares. La medida judicial responde a la denuncia que realizaron las organizaciones sociales junto al líder del MTE, Juan Grabois.
En la presentación, realizada en febrero, se acusa a Pettovello de incumplimiento de sus deberes como funcionaria. Y advierte sobre la parálisis en la entrega de mercadería y de fondos a estos comedores. Agrega, a su vez, que la medida afectó directamente a unos cuatro millones de personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes.
La denuncia judicial detalla que los comedores reciben alimentos y fondos principalmente del Ministerio de Capital Humano y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según Grabois, las organizaciones dejaron de recibir ayuda del PNUD. Es decir que se suspendió el programa que los abastecía y auditaba.
Los alimentos se distribuyen a las instituciones religiosas
Como respuesta, el ministerio aseguró que las prestaciones alimentarias no habían sido interrumpidas. En este sentido, anunciaron nuevas licitaciones de alimentos y convocaron a instituciones religiosas para ocuparse del reparto, desplazando a los movimientos sociales.
Sin embargo, la fiscalía busca precisiones sobre la cantidad y tipo de alimentos entregados. Además que se informe sobre los beneficiarios y el respaldo documental de dichas acciones.
El Registro Nacional de Comedores Comunitarios (ReNaCOM), implementado desde 2020, lista a los que pueden hacer convenios. Según la denuncia de Grabois, están inscritos 41,253 comedores.
La presentación judicial detalla que los comedores reciben alimentos y fondos principalmente del Ministerio de Capital Humano y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En paralelo a la causa penal, se tramita un amparo para garantizar el derecho a la alimentación. El recurso fue impulsado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales. La fiscalía debe dictaminar sobre el caso.
