La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que anuló la condena a perpetua de los policías que asesinaron a Facundo Ferreira en el año 2018, generó el amplio repudio de las organizaciones sociales y políticas y, también, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que había acompañado la posición de la querella durante el juicio.
Desde el área que conduce Horacio Pietragalla criticaron la decisión del Máximo Tribunal al sostener que a lo largo del debate oral realizado en octubre del 2021, se logró probar la responsabilidad de Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca, en la muerte del niño de 12 años Facundo Ferreira.
Entre los elementos, que en ese entonces, la fiscalía expuso para determinar la condena a perpetua de ambos policías y a los que la Secretaría de DD HH de la Nación hizo referencia como pruebas irrefutables, se encuentran: que los agentes dispararon por la espalda durante una persecución, que no hubo un enfrentamiento, que Facundo no estaba armado, que uno de los agentes se encontraba bajo los efectos de estupefacientes por consumir cocaína y marihuana y que manipularon, tal como quedó evidenciado en las cámaras de seguridad, la escena donde menor cayó gravemente herido.
En este sentido la Secretaría mencionó también la causa de Miguel Reyes Pérez, otro caso de gatillo fácil, que en diciembre del 2021, condenó a perpetua al policía Mauro Matías Navarro. Se trata del segundo fallo anulado por la Corte Suprema contra miembros de las fuerzas de seguridad”.
“Hace solo tres meses, en diciembre del año pasado, el mismo Alto Tribunal provincial ya había revocado la condena a perpetua para el policía que asesinó a Miguel Reyes Pérez, otro caso de violencia institucional de la provincia”, explica el comunicado y concluye:
“Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, repudiamos estas dos decisiones que dejan impunes graves violaciones a los derechos humanos y que podrían acarrearle responsabilidad internacional al Estado argentino.