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San Miguel de Tucumán

La UIF denuncia retiros irregulares en municipios del NOA

La entidad reveló operaciones sospechosas en municipios de Tucumán, Salta y Catamarca. Investigan el posible financiamiento ilegal de campañas políticas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) destapó un presunto “desfalco” financiero que involucra a municipios del norte argentino. Según la denuncia, en los últimos tres años se extrajeron $45.000 millones en efectivo sin justificación. La mayor parte de estos retiros se realizaron bajo la modalidad de “cheques por ventanilla”.

Uno de estos casos involucra a Banda del Río Salí, cuya intendencia está a cargo de Gonzalo Monteros. En esta jurisdicción, según la entidad, se retiraron $17.000 millones de la cuenta municipal en el Banco Macro. Estas extracciones ocurrieron entre enero de 2023 y junio de 2024, justo en períodos previos a las elecciones presidenciales.

El Banco Macro, al detectar estas irregularidades, notificó a la UIF, cumpliendo con la ley antilavado. El organismo analizó los movimientos y alertó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que inició una investigación por malversación de fondos.

La denuncia también se extiende a municipios de Salta y Catamarca. Si bien la UIF no reveló nombres de los intendentes implicados, confirmó que existen pruebas de una maniobra coordinada en varias jurisdicciones.

Las maniobras detectadas por la UIF incluyen:

– Extracciones millonarias sin justificación.

– Depósitos en cuentas personales de empleados municipales.

– Transferencias a personas sin vínculo con la administración pública.

El informe destaca que la actividad disminuyó tras las elecciones de 2023, reforzando la hipótesis de que los fondos fueron utilizados para financiar campañas políticas.

La respuesta judicial

La Procelac presentó la denuncia ante la Cámara Nacional Electoral el 30 de diciembre. Como resultado, la investigación se descentralizó y ahora se desarrolla en cada provincia involucrada.

Entre las consecuencias legales, los funcionarios podrían enfrentar cargos por corrupción, fraude al Estado, lavado de dinero y financiamiento ilegal de campañas políticas.

La UIF aseguró que seguirá monitoreando estas maniobras y que nuevas denuncias podrían surgir en las próximas semanas. Mientras tanto, la Justicia avanza en la identificación de los responsables y en el rastreo del dinero desviado.

Espacio UNT

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