El Gobierno oficializó este martes la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia. La medida se extenderá hasta la finalización del próximo período legislativo. Según la Casa Rosada, el objetivo es evitar que «los intereses de la política se interpongan sobre los del pueblo argentino».
La Oficina del Presidente explicó en un comunicado que la decisión busca garantizar el funcionamiento del máximo tribunal. Actualmente, la Corte opera con solo tres integrantes tras la salida de Juan Carlos Maqueda. «No puede cumplir su rol con normalidad con tan solo tres ministros», señala el texto oficial.
El Gobierno también aclaró que continuará con el trámite legislativo para que el Senado evalúe los pliegos de ambos magistrados. «No toleraremos que los intereses de la política se impongan sobre los del pueblo argentino», enfatizó el comunicado.
Tensión con el Senado
El texto difundido por el Gobierno criticó el rol del Senado en la designación de jueces. «En ningún caso tiene potestad para rechazar candidatos basándose en preferencias personales o políticas», sostiene el comunicado. Además, señala que «la politización de la Justicia es una de las principales razones por las que los argentinos no cuentan con un servicio judicial eficiente».
El Ejecutivo remarcó que la Constitución otorga al presidente la facultad exclusiva de seleccionar candidatos para la Corte. «El Senado debe limitarse a evaluar su idoneidad técnica», afirmó.
Antecedentes de designaciones por decreto
La decisión del mandatario tiene un antecedente en 2015, cuando Mauricio Macri designó a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por decreto. Ambos magistrados asumieron formalmente en 2016, tras obtener el acuerdo del Senado.
