El presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Más conocida como la “ley ómnibus”, este paquete de medidas busca declarar la emergencia pública. Así también como delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por al menos dos años. A su vez declara sujeta a privatización las empresas estatales. Sobre las protestas impone duras penas.
El proyecto, comprendido por 664 artículos, intensifica las reformas introducidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El texto, que consta de 351 hojas, se sustenta en la necesidad de “la dramática situación económica y social en la que está sumido nuestro país”.
La propuesta busca que el Congreso ejerza la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Además declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 en áreas claves. Es decir que el Ejecutivo podrá decidir en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.
El punto previsional genera preocupación, ya que se suspende la movilidad jubilatoria. En este sentido se faculta al Poder Ejecutivo para «establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones”.
Privatización de empresas públicas
En uno de los capítulos del proyecto se aborda el tema de la privatización de las empresas públicas. En el texto declara que están sujetas a esta determinación unas 40 instituciones estatales. Algunas de ellas son: el Banco Nación, Telam, Aerolíneas Argentinas, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina, Belgrano Cargas, YPF, AYSA, etc.
Restricciones a las protestas
El Gobierno de Milei busca imponer límites más estrictos a las manifestaciones a través de la reforma del artículo 194 del Código Penal. La actual legislación estipula penas de tres meses a dos años de prisión para aquellos que, sin crear un peligro común, obstruyan servicios públicos esenciales.
En cambio, el nuevo proyecto impone penas de dos a cuatro años de cárcel para quienes interrumpan el servicio de transporte público. También establece penas de dos a cinco años para los que lideren manifestaciones obstaculizando la circulación.
*Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
