El 5 de febrero de 1975, Tucumán se convirtió en el epicentro de la represión estatal. La presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto 261 y puso en marcha el Operativo Independencia. El objetivo oficial era aniquilar a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pero lo que se desplegó fue una maquinaria de terror que se convirtió en el ensayo del terrorismo de Estado en Argentina.
Cuatro días después de la firma del decreto, 1.500 soldados desembarcaron en la provincia. El general Acdel Vilas tomó el mando y estableció bases militares en el sur tucumano. Famaillá, Caspichango, Santa Lucía, Nueva Baviera y La Fronterita se convirtieron en zonas de operación. La población trabajadora fue la primera víctima de la represión.
La «Escuelita de Famaillá», donde los niños debían aprender a leer, se transformó en el primer centro clandestino de detención, tortura y exterminio del país. Más de 3.000 personas pasaron por allí. Muchas nunca volvieron.
El terror no discriminó. Durante el Operativo Independencia, y en los años posteriores inataurada la dictadura, se secuestró y torturó a obreros, sindicalistas, docentes y estudiantes.
La dictadura persiguió a cualquier persona considerada una amenaza, aunque nunca hubiera empuñado un arma. Casi la mitad de las víctimas eran trabajadores rurales y azucareros. Un 15% eran dirigentes gremiales. Apenas un 7% tenía vínculos con la guerrilla.
Con el golpe de Estado de 1976, la represión se intensificó. Antonio Domingo Bussi tomó el mando y llevó la brutalidad a otro nivel. Se estima que en el Arsenal Miguel de Azcuénaga se fusilaron alrededor de 1.000 personas en un solo año. «Los disparos eran parte del sonido nocturno tucumano», recordó un testigo de aquellos años oscuros.
La Justicia condenó a los líderes del Operativo Independencia
En 2016, un juicio en Tucumán dejó en claro que el Operativo Independencia fue una ocupación ilegal del Estado contra su propia población. En 2017, diez represores fueron condenados, pero siete resultaron absueltos. Durante otros procesos, solo tres recibieron cadena perpetua. Antonio Domingo Bussi fue sentenciado en 2008 a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Aún hoy, muchas familias siguen esperando justicia.
Las Fuerzas Armadas ensayaron en nuestra provincia un modelo de persecución sistemática basado en la tortura, la desaparición forzada y el asesinato. Lo experimentado en la provincia fue el preludio del terrorismo de Estado que se expandiría a todo el país con el golpe militar del 76, dejando un legado de violencia y crímenes de lesa humanidad.
*24 de marzo: concluye una etapa fundamental en el Pozo de Vargas, símbolo del horror
