Ayer se registró la mayor cantidad de amenazas de bomba en escuelas y colegios. Llegaron a ser 14 las comunicaciones. Claramente, esta fue la señal de alarma que «despertó» al Poder Judicial para activar las causas penales y hoy se vieron los primeros resultados.
Una joven de 18 años deberá cumplir 60 días de prisión preventiva y afrontar un embargo de $3 millones. Así lo determinó el Departamento de Delitos Complejos, dependiente del Ministerio Público Fiscal. Apenas concluyó su declaración, fue trasladada a la cárcel de mujeres.
Minutos antes pudo observarse cómo los padres de la presunta autora de dos amenazas, se resistían a su aprehensión y esgrimían una y otra vez «mi hija no tiene nada que ver con esto». Más allá de este caso puntual, el ambiente caldeado y al mismo tiempo, de pánico en las instituciones educativas, colmó a sus padres y prometieron hacerlo sentir el sábado a las 18.