El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) presentó la primera acción judicial contra el decreto de Javier Milei que designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema en comisión.
La demanda solicita la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 137/2025, publicada hoy. También reclamar una medida cautelar para suspender el juramento de los magistrados hasta que se resuelva el planteo. El expediente quedó en el Juzgado Federal N°4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Recondo.
Cepis argumentó que el decreto violaba la Constitución al concentrar poder en el Ejecutivo sin el debido control legislativo. La presentación advierte que la designación sin acuerdo del Senado vulnera la división de poderes y genera un grave daño institucional.
La asociación solicitó al juez dictar una medida cautelar urgente para impedir que Lijo y García-Mansilla asuman. Advirtió que permitiría que el juramento consolidaría una situación de hecho contraria a la Constitución y las leyes que rigen la designación de jueces supremos.
Además, el centro de estudios pidió que el caso se inscriba en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema para garantizar su tratamiento. El futuro de estas designaciones se definirá con la decisión del juez Recondo.
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