Una tucumana de 32 años, conocida en redes sociales como «More Nicol», quedó detenida por vender certificados preescolares falsificados. La investigación reveló que utilizaba sellos apócrifos de profesionales de la salud y de hospitales públicos para dotar de aparente autenticidad a los documentos. La justicia dispuso su prisión preventiva por 20 días.
Una red de estafas en redes sociales
El caso salió a la luz tras una denuncia que alertó sobre la venta ilegal de fichas médicas en Facebook. La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Público Fiscal (MPF) inició una investigación que permitió rastrear a la sospechosa a través de su actividad en redes y un número telefónico.
Según la Fiscalía, la imputada ofrecía certificados de aptitud física y fichas médicas para el ingreso escolar, permisos de salida y libretas de salud. Todo el material incluía sellos falsificados de médicos y de entidades oficiales como el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio, detalló el mecanismo de la estafa. Explicó que la imputada operaba con un perfil falso y que, gracias a un peritaje digital, lograron identificar su paradero.
Bellomio remarcó que estos certificados ilegales ponían en riesgo la salud pública. «Estos documentos impiden que se detecten problemas de salud en menores. Se está jugando con la seguridad de la población», advirtió la fiscal. Además, mencionó que los sellos utilizados no coincidían con matrículas reales y que, en algunos casos, se atribuían especialidades médicas inexistentes.
La acusada también enfrenta otra causa por estafa. Según la Fiscalía, engañaba a personas ofreciéndoles la posibilidad de acceder a planes sociales a cambio de transferencias bancarias. Una vez que las víctimas realizaban el pago, la mujer las citaba en un punto de encuentro y luego las bloqueaba.
Decisión judicial y prisión preventiva por la venta de certificados truchos
Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, el juez a cargo decidió imponerle prisión preventiva por 20 días. La medida busca evitar su fuga y la posible obstrucción de la investigación, ya que no se descarta que haya otras personas involucradas en la maniobra.
La defensa de la imputada había solicitado arresto domiciliario, pero el juez desestimó el pedido. La causa sigue abierta y la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar el alcance del fraude en los certificados y si hay más víctimas perjudicadas.
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