En el último mes se registró en nuestra provincia un fenómeno que hace un tiempo atrás no ocurría: estudiantes que van armados a las escuelas. Sucedió en la Escuela Técnica N°1, en Monteros; en la Escuela Superior de Educación Artística, en la capital. Ayer pasó lo mismo en el colegio El Salvador, en Yerba Buena. Estos hechos prendieron las alarmas del Ministerio de Educación de la provincia que ya cuenta con un protocolo de actuación para atender dichos casos. Sin embargo, se debe hacer una análisis más profundo que involucre a la sociedad en general.
La directora de Asistencia Técnica del Ministerio de Educación, Verónica Torres, habló con Canal 10 Digital y se refirió a esta realidad. Explicó que según los datos recopilados desde su área, no se observa un aumento generalizado de la violencia. Sin embargo, se advierte que hubo un cambio en la forma en la que esta se manifiesta, sobre todo a partir de la pandemia.
“Es fundamental analizar los efectos de la postpandemia para comprender mejor esta situación. La violencia ha evolucionado en sus formas. Se ha observado una participación de los adultos en conductas que antes no eran comunes, lo cual plantea la necesidad de reflexionar y modificar prácticas educativas de manera inmediata”, resaltó.
“Es muy preocupante porque vemos en todos lados que está naturalizado el uso de las armas«
En este sentido manifestó que el problema va más allá de las escuelas, y que es esencial que la sociedad en su conjunto se cuestione sobre lo que ocurre y que hace que un menor vaya armado a clases. “Es muy preocupante porque vemos en todos lados que está naturalizado el uso de las armas: en la televisión, en los juegos, en el discurso de la gente. En la mayoría de los casos ocurridos en nuestra provincia, los estudiantes llevan las armas no para amenazar sino para mostrar, como sí destacaran que por tenerla son valientes. Eso lo aprenden del contexto social en el que están inmersos «, opinó.
“A esto se suma, además, que los niños y adolescentes son catalogados, patologizados y criminalizados directamente”, expresó. Puso como ejemplo el reciente caso de un docente que aplicó una llave francesa a un estudiante. “Los medios y las redes sociales, en lugar de cuestionar la respuesta violenta del profesor, se enfocaron en justificar dicha acción. Esto contribuye, también, a la normalización de la violencia. Es fundamental comprender que responder a la violencia con más violencia sólo perpetúa el ciclo de agresión”.
Abordaje desde el Estado
En cuanto a lo ocurrido en las instituciones escolares, Torres manifestó que se trabaja con un protocolo de actuación. “Buscamos responder a estos de manera inmediata. En primer lugar, se procede a realizar la denuncia correspondiente a las autoridades policiales, quienes confiscan el arma y posteriormente intervienen la fiscalía. En paralelo, se activan los equipos de psicólogas del propio colegio, conocidos como DOE (Equipos de Orientación Escolar). Luego, se lleva a cabo un trabajo de contención y comprensión en el colegio, involucrando a los compañeros del estudiante, con el objetivo de identificar los motivos y fortalecer al grupo”.
Otra de las etapas, detalló la funcionaria, es derivar al alumno en cuestión al Centro de Atención Temprana (CAT), perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Allí se trabaja con un grupo de profesionales e interviene la justicia para conocer la situación del adolescente.
“Un aspecto crucial en estos casos es determinar si el arma está registrada o no, ya que esto puede dar lugar a otra investigación que involucre a los padres del menor. En cuanto a la situación escolar del estudiante se decide el traslado inmediato a otra institución. “Se toma esta decisión en base a que se produjo una fractura en los vínculos de confianza y en el entorno pedagógico de la institución”.
Sin embargo, aclaró que en ningún momento se deja de acompañar al joven. Tenemos que garantizar que pueda continuar su trayectoria educativa en otro entorno, proporcionándole un espacio de contención y seguimiento”.
