El gobierno nacional vetó la Ley de Financiamiento Universitario horas después de que miles de estudiantes y docentes se manifestaran en todo el país. El decreto 879/2024, firmado por el presidente Javier Milei, salió publicado en el Boletín Oficial este jueves cerca de la medianoche. La medida generó un amplio rechazo en diversos sectores académicos y políticos.
La marcha, encabezada por la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunió a docentes, estudiantes y autoridades de diversas universidades públicas de todo el país. En Buenos Aires, la movilización central se realizó frente al Congreso de la Nación, donde los manifestantes leyeron un documento en defensa de la educación pública.
El Gobierno, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión. Desde la Oficina del Presidente, emitieron un comunicado en el que defendían el veto, argumentando que la Ley de Financiamiento Universitario no cumplía con los requisitos fiscales. Además, señalaron que el financiamiento universitario será discutido en el marco del Presupuesto Nacional 2025.
La comunidad universitaria, en cambio, expresó su descontento. El documento leído en la Plaza del Congreso subrayó la importancia de la educación pública como base de la democracia y el desarrollo social. También alertó sobre las consecuencias de un posible desmantelamiento del sistema educativo. A pesar del veto, los estudiantes y docentes prometieron seguir luchando por el futuro de las universidades públicas.
Renglones del decreto que veta Ley de Financiamiento Universitario
El decreto sostiene que la ley sancionada por el Congreso «es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente». El docimento justifica el veto al señalar que la norma no contempla el impacto fiscal ni especifica una fuente clara de financiamiento.
El artículo 1 del decreto establece: “Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario registrado bajo el Nº 27.757«, devolviendo el proyecto al Congreso para su revisión. Además, menciona el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que cualquier ley que incremente gastos incluya de forma explícita los recursos necesarios para su implementación. El gobierno argumentó que la ley vetada carece de esta previsión fundamental.
