La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el sobreseimiento del expresidente, Mauricio Macri, en el caso de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017.
En la tarde de este martes, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma (con voto en disidencia), respaldó la resolución de la Cámara Federal que había dispuesto el sobreseimiento de Macri, así como de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto con nueve agentes de ese organismo.
La decisión se centró en seis hechos relacionados con la obtención de información e inteligencia, presuntamente ilegales, sobre los familiares y amigos de las personas fallecidas en el hundimiento del submarino ARA San Juan, así como en los buques «El Repunte» y «El Rigel».
La Cámara Federal de Casación Penal, con la mayoría de votos, subrayó que el tribunal de la instancia previa examinó detalladamente los hechos del caso y descartó adecuadamente la tipicidad de las conductas investigadas.
«No se ha demostrado que el imputado (Macri) estuviese materialmente en una posición que implicase su intervención directa en los hechos investigados, aún mediante un comportamiento pasivo como el que en parte pareciera atribuirle el juzgado, a falta de marcadores de ilicitud activos», sostuvo el juez Yacobucci al votar en favor de confirmar el sobreseimiento del expresidente.
Asimismo, el juez Yacobucci consideró: «Las acciones atribuidas a los encausados no sólo se enmarcaron dentro de los fines legítimos que persigue la Agencia, sino que también constituyeron medios adecuados para los objetivos de seguridad perseguidos. A su vez, resultaron ser los más moderados y menos intrusivos dentro de aquellos igualmente eficaces, respetando el contenido esencial de los derechos involucrados que a los familiares de las víctimas les asisten».
«De los datos volcados a los informes y la descripción de los hechos imputados no se advierte a su vez la explícita concreción de objetivos políticos prohibidos que contendrían. No se identifica adherencia política de ninguna de las personas individualizadas, así como tampoco manifestaciones a favor o en contra de quienes gobernaban, más allá de las peticiones específicas o reclamos críticos con fundamento en la difícil situación que estaban atravesando», afirmó el magistrado.
