El diputado del PRO, Gerardo Milman, exjefe de campaña de Patricia Bullrich, está cada vez más complicado en el marco de la investigación por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez, la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti que incaute todos los teléfonos del legislador.
Recordemos que Milman ya había entregado un dispositivo modelo iPhone 14 Pro Max. Pero, luego, se descubrió que ese celular fue adquirido un tiempo después del atentado. Para analizar los demás dispositivos, tal como fue con el primero, se requerirá una nueva aprobación de la Cámara de Diputados.
La solicitud del fiscal Carlos Rívolo para examinar los teléfonos data de mayo, y está relacionada con la llamada «pista Milman». Esta pista busca determinar si el exjefe de campaña de Patricia Bullrich tuvo alguna conexión con el atentado.
La investigación de la fiscalía se basa en declaraciones de testigos. Uno de ellos es Jorge Arbello, asesor del bloque oficialista en Diputados. Este afirmó haber escuchado a Milman decir, dos días después del ataque a la vicepresidenta, la frase: «cuando la maten, yo estaré camino a la costa».
Disconformidad de la querella con Capuchetti
La jueza rechazó previamente analizar los teléfonos de las asesoras de Milman, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. Sin embargo, la magistrada debió desistir luego de que la Cámara Federal emitiera una orden para el secuestro de los móviles. Los resultados fueron parciales: se encontró un chat en el teléfono de Bohdziewicz donde instaba a borrar todo un día antes del ataque. Mientras que el teléfono de Gómez Mónaco, quien tenía dos dispositivos, uno similar al de su jefe, no pudo ser analizado.
«Es la sexta revocatoria de negativas de la jueza a producir prueba en la investigación por el atentado a CFK. Las revisiones de decisiones sobre prueba solo se dan ante graves arbitrariedades», planteó Marcos Aldazabal, uno de los abogados de la vicepresidenta.
La querella viene cuestionando la actuación de la magistrada desde el inicio de la investigación del atentado. Incluso, la recusaron dos veces, pero no lograron apartarla. La criticaron por falta de imparcialidad, graves omisiones en la investigación y falta de debida diligencia.
La trama principal de la causa ya está elevada a juicio oral y público. Es la parte en la que están imputados y detenidos Fernando Sabag Montiel – el que gatilló una pistola cargada frente a la cara de la vicepresidenta- y su novia Brenda Uliarte. Ambos fueron sindicados como coautores de la tentativa de homicidio.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos de los abogados de la vicepresidenta es la reticencia de Capuchetti de unificar la investigación en la que se advierte la relación entre el atentado y el vínculo político.
