La Cámara Federal de Buenos Aires dio luz verde para confiscar el teléfono de Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio (JXC). El parlamentario es investigado a partir de la declaración de un testigo que lo vinculó con tener conocimiento sobre lo que le iba a suceder a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre del 2022.
La medida se origina a partir de la querella presentada por la expresidenta de la Nación y la solicitud de la fiscalía. Fueron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi quienes votaron a favor del secuestro del celular. Además, establecieron restricciones precisas para la extracción de información del móvil. La obtención de datos debe limitarse a un periodo específico, desde el 1 de julio de 2022 hasta el 10 de mayo de 2023.
La decisión de la Cámara Federal anuló la resolución previa de la jueza María Eugenia Capuchetti, la cual había rechazado confiscar el celular. Sin embargo, a pesar de este avance, surge un nuevo obstáculo debido a los fueros de Milman. Según la ley de fueros, se necesita la autorización de la Cámara de Diputados para proceder.
Además, otro punto que juega en contra es el tiempo transcurrido desde el incidente. Aspecto por lo que Capuchetti fue recusada por los abogados querellantes José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.
«Cuando la maten yo estoy camino a la costa»
La «pista Milman» comienza a gestarse unos días antes del atentado a CFK, pero se originó el 23 de septiembre a partir de la declaración de un testigo. Jorge Abello, asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, se presentó a declarar ante la jueza Capuchetti. Contó que había escuchado al legislador opositor mencionar el atentado antes de que ocurriera, cuando coincidieron en el bar Casa Blanca.
«Cuando la maten yo estaré camino a la costa», testificó Abello sobre lo que habría dicho Milman mientras conversaba con dos de sus asesoras. Sin embargo, cuando estas tres personas fueron citadas por la Justicia negaron la reunión en el bar Casa Blanca. Finalmente, las cámaras de seguridad demostraron lo contrario, ubicándolos en fecha y hora en ese lugar.
Por otro lado, una de las nombradas, Ivana Bohdziewicz, se presentó en mayo de este año para cambiar su declaración. Confesó que la llevaron a la oficina de Patricia Bullrich para que un perito le borre el contenido de su celular.
La línea que sigue la justicia
Los jueces Bruglia y Bertuzzi sostienen que el secuestro del celular de Milman está justificado por los argumentos presentados por el Ministerio Público Fiscal. Esto está en línea con la hipótesis delictiva investigada en el caso. Consideran que es crucial agotar todas las vías investigativas para descartar cualquier incertidumbre y proporcionar respuestas a la víctima, la sociedad y el propio diputado.
