Una nueva marea humana inundó las calles de Israel en rechazo a la controvertida reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Las manifestaciones, que han congregado a miles de ciudadanos, se han desarrollado sin incidentes. La la Policía se mantuvo vigilante pero sin reprimir a los manifestantes. Sin embargo, los informes de Inteligencia del Ejército han advertido sobre las posibles consecuencias de la polémica propuesta, considerada por Irán y la milicia chiíta libanesa Hezbollah como «un punto histórico de debilidad» para el país.
Este sábado, más de 200.000 personas salieron nuevamente a las calles en una vigésima semana consecutiva de protestas. La reforma, aprobada en su primera cláusula el pasado lunes, ha encendido el descontento de una amplia parte de la población, que teme por la reducción de competencias judiciales para controlar al Gobierno. Los críticos consideran esta medida como un ataque al equilibrio de poderes y a las bases democráticas.
La coalición de Gobierno, formada por partidos de ultraderecha y ultraortodoxos, se enfrenta a una creciente presión para detener el proceso de reforma, ya que se percibe como una amenaza para la estabilidad nacional. Los informes de Inteligencia también advierten sobre la posibilidad de debilitar la capacidad de disuasión de Israel ante posibles amenazas externas.
La situación ha llegado a un punto crítico, con manifestantes determinados a mantener la presión en las calles hasta que el Gobierno rectifique su postura sobre la polémica reforma. Las próximas semanas serán cruciales para el futuro político y social de Israel, mientras la nación enfrenta una de las mayores crisis de su historia reciente.
Descontento ante la reforma
Uno de los aspectos más polémicos de la reforma es que se impide que los jueces utilicen los estándares judiciales de «razonabilidad» para analizar las decisiones del Gobierno, compuesto por partidos ultraortodoxos y ultraderechistas.
Los críticos argumentan que esta reforma representa un ataque al equilibrio de poderes y pone en riesgo las bases de la democracia, ya que otorga al Parlamento una influencia inusitada para limitar las competencias judiciales.
