La Cámara Federal de Casación Penal reabrió dos causas en las que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ya había sido sobreseída. Estas son las causas Hotesur-Los Sauces y el Memorándum de Entendimiento con Irán.
Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, se dejó sin efecto las anteriores desestimaciones de los respectivos tribunales orales. La decisión se produce después de que la Corte Suprema decidiera la expulsión de Ana Figueroa, la otra magistrada que integraba la sala I, que tenía los casos.
Hotesur-Los Sauces
Por el caso Hotesur-Los Sauces, Casación dispuso que vayan a juicio oral la vicepresidenta y su hijo, el diputado Máximo Kirchner. También incluye a Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Lázaro Báez, Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Leandro Báez, Sabrina Báez, Carlos Sancho, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros.
Se les imputa asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades. Se trata de los hoteles pertenecientes a la familia Kirchner. En este caso los jueces revocaron los sobreseimientos dispuestos por el Tribunal Oral Federal 5 a fines de 2021, que a su vez fueron apartados. Se trata de Daniel Obligado y Adrián Grünberg.
Estos magistrados afirmaron que los fondos empleados para pagar los alquileres de las habitaciones en el complejo hotelero -que constituyen el núcleo de la sospecha de posible lavado de dinero-, tenían una procedencia legítima. Esto es en base a que concluyeron que todo había sido registrado en entidades bancarias. Que a su vez fueron respaldados por regulaciones emanadas de entidades gubernamentales y autoridades competentes.
Estos magistrados habían dicho que los fondos que se habían usado para pagar alquileres de habitaciones en el complejo hotelero -la base de la sospecha de supuesto lavado de dinero- eran de «origen lícito» pues estaban bancarizados y «estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales y/o autoridades».
Memorándum
El Memorándum con Irán, rubricado en enero de 2013, tenía un objetivo claro: impulsar la investigación sobre el atentado a la AMIA. El objetivo era interrogar a los acusados iraníes en un tercer país. Sin embargo, este acuerdo se convirtió en una pieza clave de controversia.
El fallecido fiscal Nisman acusó a prominentes figuras, incluyendo a Cristina Kirchner y al difunto canciller Héctor Timerman, de encubrir a los sospechosos mediante el levantamiento de las alertas rojas en su contra.
El juez Daniel Rafecas inicialmente desestimó el caso. Sin embargo, el fallecido juez Bonadio tomó medidas drásticas, llegando incluso a imputar de traición a la patria a todos los imputados.
La reapertura del caso fue impulsada por los jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, cercanos all expresidente Mauricio Macri. Esta acción allanó el camino para que Bonadio avanzara en una causa que algunos calificaron de absurda.
Sin embargo, en octubre de 2021, el Tribunal Oral Federal 8, dictaminó que no existía un delito que justificara el juicio. Cabe destacar que el Memorándum fue aprobado por el Congreso, pero nunca se implementó, ya que el parlamento iraní nunca lo ratificó. Además las alertas rojas y las órdenes de captura de los sospechosos iraníes nunca se levantaron.
El fiscal Javier De Luca retiró su acusación durante el proceso, lo que respaldó la decisión de los jueces. Sin embargo, Barroetaveña y Petrone argumentaron que el Tribunal Oral Federal 8 basó su resolución en «afirmaciones dogmáticas» y que intentar agotar el examen de la responsabilidad penal en esta etapa intermedia iba en contra de las reglas de la sana crítica y del debido proceso.
Denuncia de Lawfare
En plena campaña electoral la decisión de la Cámara Federal de Casación genera suspicacias. La reapertura de causas cerradas a días de las elecciones de octubre pone en boca de los cercanos a Cristina las denuncias sobre Lawfare.
Uno de los primeros en recoger el guante fue el diputado Nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moreau. En Twitter publicó: “Justicia a la Carta. Finalmente salieron en tiempo y forma los fallos que Barroetaveñia les adelantó a sus mandantes de La Nacion y Clarin. Por supuesto, previamente la Corte se apresuró a desplazar a la jueza Figueroa para que un eventual voto en disidencia no dejará en evidencia que solo se trata de continuar con la persecución política a como dé lugar. No perdonan 12 años donde en lugar de atender a la casta del Poder se trabajó para las necesidades del pueblo”.
Eduardo de Petri, también posteó sobre el tema explicando que la reapertura de estas causas contra Cristina “confirma lo que planteamos hace tiempo: la democracia es rehén de una mafia judicial que opera al servicio del poder económico. Es necesario terminar para siempre con el Lawfare”.
El juez, Juan Ramos Padilla, ferviente crítico de la justicia, sobre todo de las decisiones que se toman en Comodoro Py, denunció: “Tal como lo advertimos hace más de un año, hoy reabrieron las causas Memorándum y Hotesur, la próxima será dólar futuro. Continúa la persecución politica de un sector del Poder Judicial. Ahora además de CFK, van por Máximo y Axel. Sigo esperando una respuesta adecuada que nos devuelva un Poder Judicial igualitario y al servicio de los valores Republicanos”.
