La Fiscalía de Delitos Complejos imputó a cuatro policías y a un civil por el delito de instigación a la sedición como coautores. La causa, a cargo de Mariana Rivadeneira, fue declarada como compleja y se pidió que los acusados cumplan prisión preventiva por 60 días. Fue el propio gobernador Osvaldo Jaldo quién hizo pública la noticia de la posible huelga, cuando el fin de semana pasado se realizaron varios allanamientos y detenciones.
“Está acreditada la existencia de un grupo de whatsapp con más de mil integrantes y el modo comisivo fue a través de redes sociales. La evidencia resulta compleja por el modo digital y las características particulares. Hoy tenemos involucradas a cinco personas y no descartamos a más miembros como así también a testigos que nos puedan aportar mayor información”, señaló la fiscal durante la audiencia de formulación de cargos.
Agregó que se secuestraron 24 teléfonos celulares para ser peritados y de los cuales “surgirán más evidencias”. Por eso, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la prisión preventiva por el término de 90 días. Sin embargo, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente por el término de 60 días.
Acusados por instigar a la sedición
Este 22 de febrero, cuatro efectivos, junto con un empleado municipal de Lules, fueron señalados en una acusación que los vincula con la creación de un grupo de Whatsapp titulado «Sueldo Policial 2024». Los policías se encontraban cumpliendo servicio activo en la Patrulla Motorizada de Las Talitas, la comisaría de Aguilares y en Relaciones Policiales.
La funcionaria judicial alegó que el propósito del grupo era claro: “Pretendía movilizar a más de mil empleados de la fuerza policial provincial. Todos disconformes con los salarios que perciben”.
Detalló que los imputados enviaron mensajes que instigaban al acuartelamiento. Además, agregó que llevaron su intento de movilización a la red social TikTok. En esta realizaron comentarios con la clara intención de incitar a otros policías a cometer el delito de sedición.
“Invitaban a sus compañeros a hacer huelga y acuartelarse en contra de sus superiores, en perjuicio del orden y de la seguridad pública”, describió. Luego, Rivadeneira agregó que estas acciones representan un perjuicio directo al orden y la seguridad pública.
Las defensas, por su parte, han anunciado su intención de reservar el derecho de impugnar lo resuelto. El caso, que plantea serias implicaciones para la disciplina y la estabilidad dentro de la fuerza policial, está en desarrollo y se espera que se lleve a cabo un juicio para determinar la responsabilidad de los acusados en estos hechos.
