El gobernador de la Provincia, Osvaldo Jaldo, dialogó con los medios de prensa de múltiples temas. Uno de los abordados fue en qué momento y bajo qué condiciones se concretaría la normalización de los entes intervenidos.
El mandatario dijo que la Provincia respetará cualquier fallo o decisión judicial en este sentido. “La verdad que nosotros, por el momento, no tenemos pensado normalizar ninguna institución, ya que esto está sometido también a un proceso judicial. Por el momento nosotros vamos a seguir trabajando como se ha venido haciendo los últimos años», dijo Jaldo.
En relación a la gestión de quienes lo precedieron en el sillón de Lucas Córdoba u sus acciones para normalizar los entes intervenidos, el titular del Poder Ejecutivo indicó: «quiero decirles a ustedes que este es un gobierno de siete meses. No podemos hacer en siete meses lo que no se hizo en tantos años anteriores. Y, en el tema judicial, seguramente hay un fallo de la Corte y tendremos que esperar que se resuelva la cuestión de fondo».
Un fallo de la Corte que dilata la normalización
Hace días, La Corte se expidió ante una presentación realizada, en el año 2015 por el dirigente del PRO Alberto Colombres Garmendia. El entonces parlamentario había solicitado la normalización del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSS), del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).
Oportunamente, Garmendia había argumentado que la intervención es una acción «de tiempo específico, determinado y no de carácter infinito».
En 2020, la Sala II, con los votos de Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek (María Florencia Casas se expresó en disidencia) dieron la razón a uno de los referentes del partido liderado por Mauricio Macri.
Posteriormente, durante el mandato de Juan Manzur, se recurrió la decisión de mediana instancia. Así llegó al máximo tribunal local.
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia (CSJT) no accedió al pedido de Garmendia. En su fallo citó: «existe falta de legitimación activa de Colombres Garmendia para impulsar la acción de amparo colectivo»
