El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se prepara para un caso sin precedentes en la historia del mundo. Se trata del juicio contra 32 Estados europeos acusados de inacción frente al cambio climático. El proceso, impulsado por seis jóvenes portugueses, está programado para comenzar el 27 de septiembre en Estrasburgo, Francia.
La causa es única debido al número de países involucrados en la demanda. Se pretende generar un impacto significativo en la jurisprudencia relacionada con la justicia climática. El grupo demandante busca llevar a juicio a los 27 estados de la Unión Europea, así como a Rusia, Turquía, Suiza, Noruega y el Reino Unido.
La decisión del TEDH, que se espera dentro de unos meses, será crucial, ya que sus fallos establecen precedentes vinculantes para los 46 miembros del Consejo de Europa. Esto podría influir en la lucha contra el cambio climático y acelerar los esfuerzos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Jóvenes comprometidos
Los seis demandantes que decidieron emprender las acciones legales, tienen entre 11 y 24 años de edad. Fue a partir del devastador incendio forestal que asoló el centro de Portugal en 2017, cobrándose numerosas vidas y causando graves daños ambientales. Los jóvenes argumentan que padecen ansiedad debido a las catástrofes naturales y al aumento de las temperaturas causado por el cambio climático.
El tribunal examinará primero la admisibilidad del caso, lo que generará debates considerables, ya que el procedimiento normal implica agotar los recursos legales a nivel nacional antes de recurrir al TEDH. Sin embargo, los demandantes argumentan que iniciar 32 procesos separados en 32 Estados sería una carga excesiva y desproporcionada.
Este caso, según Gearoid O. Cuinn, director de la ONG Global Legal Action Network (GLAN), es una audiencia sin precedentes debido a su alcance y sus implicaciones, y va más allá de Europa. Los jóvenes sostienen que los gobiernos tienen el poder de detener las catástrofes naturales que se vienen produciendo. Además, critican la falta de acción por parte de los Estados europeos.
La demanda se basa en tratados internacionales sobre el cambio climático, como el Acuerdo de París de 2015 y la Convención Europea de DD.HH.