El juez Walter Lara Correa, del Contencioso Administrativo, resolvió que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, debe seguir con los programas de alimentos para comedores comunitarios. Esta decisión se da en el marco de una acción colectiva impulsada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La resolución subraya que los comedores comunitarios «funcionan como una red de contención crucial para personas de carne y hueso que pertenecen a los grupos más vulnerables y empobrecidos de la población». «Estas personas necesitan cuidados especiales sin demoras», sostiene Lara Correa.
A su vez, el documento legal advierte al Ministerio de Capital Humano «cumplir de manera cabal, estricta y sin interrupciones con los programas alimentarios vigentes». Esta exigencia responde a un pedido de informes del juzgado sobre la situación actual de dichos programas.
Además, la resolución exige dicha cartera ministerial un informe mensual detallado sobre las políticas alimentarias implementadas, asegurando así una supervisión continua y efectiva.
Contexto y reacciones por la falta de alimento a comedores
El fallo judicial se produjo después de que varias organizaciones, incluyendo a Juan Grabois como abogado, se unieran a la demanda. En respuesta, Grabois compartió la noticia en su cuenta de X, calificando el fallo como «otro freno de la justicia al plan de miseria planificada». El dirigente explicó que el fallo implica la inmediata restitución de la provisión de alimentos a través de todas las asociaciones involucradas.
Grabois detalló que, aunque el Gobierno puede seguir auditando los comedores, no puede desabastecer a todos por irregularidades en algunos. Agregó que esta es «una nueva victoria jurídica que esperamos que el gobierno acate, sino incurrirían en un nuevo hecho de incumplimiento de deberes de funcionario y eventualmente desobediencia».
Implicancias del fallo
La medida cautelar, según Grabois, es crucial para que se cumplan las partidas presupuestarias asignadas a los programas de alimentación y se ejecuten los fondos del Programa de Naciones Unidas. Destacó que esta decisión llega en un contexto de creciente pobreza y empleo precario, según datos oficiales.
Decisión de Casación
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió mantener la cautelar contra Pettovello. Los jueces Angela E. Ledesma, Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar fallaron por unanimidad. Consideraron que el recurso de Leila Daniela Gianni no refutó adecuadamente los argumentos de la resolución impugnada, privándolo de la fundamentación requerida.
Los magistrados también señalaron que no se argumentó adecuadamente la existencia de una cuestión federal que justificara la intervención de la Cámara como tribunal intermedio, citando fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución de Casanello ya había sido confirmada por unanimidad por los tres jueces de la Cámara Federal porteña. Además, se cargaron las costas del proceso al Ministerio de Capital Humano.
