El presidente Javier Milei firmará la próxima semana un decreto para privatizar Aerolíneas Argentinas, según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. La medida se basará en el artículo 9 de la Ley 23.696, conocida como la Ley de Reforma del Estado. Este decreto será publicado en el Boletín Oficial, tal como adelantó Adorni en una conferencia de prensa desde Casa Rosada.
El vocero sostuvo que Aerolíneas Argentinas «arrastra un déficit crónico» que ha obligado al Estado a realizar constantes transferencias de fondos. Adorni acusó a los gobiernos «populistas» de haber llevado a la empresa a una situación insostenible. Según datos oficiales, desde que la aerolínea fue reestatizada en 2008, el costo para las arcas públicas ha superado los 8 mil millones de dólares. «No tiene sentido que los argentinos que nunca han volado tengan que subsidiar esta situación», afirmó el funcionario.
En contra de privatizar: la postura de los gremios
A pesar de la resistencia de los gremios aeronáuticos, quienes han realizado protestas en el Congreso, el Gobierno busca acelerar el proceso de privatización. Los sindicatos argumentan que la privatización pondrá en riesgo miles de empleos y la soberanía del transporte aéreo argentino.
Esta semana, se llevó a cabo un debate en la Cámara de Diputados, donde funcionarios del Ejecutivo defendieron la salida del Estado de la administración de la compañía. El secretario de Transporte, Franco Mogetta, advirtió que, si no se logran cubrir ciertos cargos gerenciales, la empresa podría enfrentar el cierre. Mogetta responsabilizó a los gremios por ejercer presión sobre los directivos, lo que llevó a la renuncia de varios gerentes claves.
Mientras tanto, el conflicto con el sindicato de aeronavegantes continúa escalando. Las protestas por reclamos salariales y en contra de la privatización aumentan, sumando tensión a un proceso que ya enfrenta fuertes divisiones en el ámbito político y social.
El objetivo del gobierno es lograr que el Congreso apruebe el dictamen para acelerar la privatización, pero la falta de consenso ha demorado las discusiones. Sin un acuerdo claro, el debate se prolonga y la tensión dentro y fuera del Congreso sigue en aumento.
