Este jueves tuvo lugar una audiencia multipropósito para controlar la detención, formular cargos, formalizar la investigación y solicitar medidas de coerción contra el padre de una alumna del colegio Santa Rosa acusado por el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Especializada de Delitos Complejos, que conduce Mariana Rivadeneira.
En representación de la titular participó la auxiliar de fiscal, Julieta Molé, quien le endilgó la responsabilidad de dos delitos: intimidación pública en concurso real con el delito de tenencia de un arma de fuego y de uso civil, por los hechos ocurridos el 27 de julio y el 5 de septiembre.
Molé expresó: “Ocultó su identidad y generó temor en las menores de edad que concurren al establecimiento porque tenía pleno conocimiento que este accionar afecta a toda la sociedad, lo que demuestra un desinterés total por el apego a las leyes. Ocurrió en pleno centro en una institución, ubicada a metros de la plaza Independencia y de Casa de Gobierno».
«Al momento del allanamiento en su domicilio se le encontró un arsenal de armas (dos escopetas, rifle, tres pistolas y un revólver) que no tenían autorización, 145 cartuchos y seis teléfonos celulares (sin tarjeta de memoria y chip). Destacar que al momento de ser notificado sobre el decreto de apertura se negó. Lo que demuestra no tener voluntad a la persecución penal”, indicó Molé sobre las evidencias reunidas hasta el momento (el aviso sobre la existencia de una bomba en el patio del Colegio, el informe del registro de llamadas efectuadas y de la telefonía prestaría que establece la titularidad de la línea del imputado).
Al momento de su detención en el domicilio de calle Mendoza al 100, el sospechoso hizo entrega de un celular (que supuestamente utiliza) y el secuestro de notebooks y dos CPU que serán analizadas. A continuación, solicitó la inhibición general de bienes por el monto de $3.000.000 por la puesta en marcha del protocolo de intervención y los gastos de magnitud ocasionados.
Por su parte, el acusado dijo: “La única vez que me pude comunicar fue para preguntar por la amenaza de bomba que hubo. Llamo y, cuando me atienden, me contestan (por Whatsapp) que las alumnas fueron evacuadas a la plaza Independencia. Estoy preso por ser papá de una hija”.
Finalmente, el juez actuante dispuso para el imputado medidas de coerción de menor intensidad (arresto domiciliario) aclarando que no se trata de una prisión preventiva y por el plazo de 30 días. De esta manera, el magistrado no hizo lugar al requerimiento de la Fiscalía para la prisión preventiva por dos meses y la inhibición general de bienes -hasta tanto no se determine un bien a su nombre para dicha caución.
