En un fallo trascendental, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a un funcionario del Poder Judicial de la Nación a cuatro años de prisión por abuso sexual simple en perjuicio de dos empleadas de la Secretaría Electoral. Se trata del exjefe de despacho del Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, Jorge Edmundo Mistretta. Los hechos en cuestión tuvieron lugar en 2013 y 2015.
El tribunal, integrado por la jueza Noel Costa y los jueces Enrique Lilljedahl y Carlos Jiménez Montilla, impuso -a su vez-, una reparación económica a las víctimas. También, ordenó que el acusado realice un curso de capacitación en cuestiones de género. Además, se ha dispuesto la reincorporación de una de las denunciantes al Poder Judicial para compensar la pérdida de oportunidades laborales.
Detalles del Caso
Jorge Edmundo Mistretta, quien se desempeñaba como jefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, fue llevado a juicio por dos incidentes ocurridos en 2013 y 2015. En el primer caso, fue acusado de abusar sexualmente de la empleada (MLB). Mientras que en el segundo, intentó besar a una de las víctimas (ACC) en contra de su voluntad.
El tribunal consideró que estos actos constituyen actos discriminatorios contra las mujeres en un contexto de violencia de género, en línea con los estándares establecidos por tratados internacionales.
En su declaración testimonial, M.L.B. relató que jamás se imaginó que Mistretta pudiera haber hecho lo que hizo. Manifestó que “creía que con su jefe había construido una relación de padre a hija, de confianza fraternal”. “Exenta de toda connotación sexual”. Añadió que, no obstante, veía cómo Mistretta trataba a otras mujeres de la oficina de manera grosera. También “que hacía comentarios de índole sexual que incomodaban, pero que con ella no era así”.
ACC, por su parte, relató que fue víctima también de situaciones de abuso sexual y de abuso de autoridad manifiestos por Mistretta. Declaró que sucedieron mientras ella se encontraba trabajando en esa dependencia judicial. De acuerdo a su testimonio, contó que su forma era «desubicada y totalmente fuera de lugar» con ella y otras compañeras, que «las intentaba tocar cuando saludaba».
La víctima aseguró que al principio no dijo nada por miedo a perder el trabajo, ya que ella necesitaba su sueldo para mantener a sus tres hijos. Que de esto, Mistretta estaba al tanto, ya que la conocía desde su infancia porque habían sido vecinos. Luego de que radicase su denuncia, a ACC se la trasladó de lugar de trabajo hasta que terminó su contrato. Mistretta se jubiló en 2019 por invalidez, sin sanción de ningún tipo.
Acusación, alegato y condena
La acusación:
La acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), de la Justicia Federal, estuvo a cargo del fiscal Pablo Camuña y la auxiliar Lucía Doz Costa. Durante el debate oral declararon expertos en la materia. Más de una veintena de testigos; en su mayoría mujeres, que trabajaron con las víctimas y con el acusado. Ante la cantidad de testimonios presentados, los representantes del MPF destacaron que no cabe duda de la responsabilidad penal del ahora imputado.
El alegato:
Durante el alegato final, sostuvieron que Mistretta pudo desarrollar su accionar favorecido por un contexto de violencia de género desplegada en el ámbito laboral por parte del mismo. A esta situación se sumó cierta sistematicidad en sus conductas abusivas a lo largo del tiempo.
En este sentido, la fiscalía sostuvo que la “única interpretación posible del tipo penal según los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino es que existe violencia sexual cuando no hay consentimiento libre”.
Ante esto, cualquier interpretación resulta contraria a las obligaciones previstas en distintas convenciones. Como por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación Contra la Mujer. Y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de la Mujer (también conocida como Convención de Belén do Pará).
La condena:
Además de una condena a cuatro años de prisión, la Justicia ordenó una indemnización de $4.400.000 para MLB y $3.600.000 para ACC. Además, Mistretta deberá someterse a un curso de capacitación sobre perspectiva de género. En cuanto a la reincorporación de una de las denunciantes se ha solicitado una suplicatoria al área de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para garantizar un proceso que no revictimice y que se ajuste a los principios de género.
En una medida adicional, en línea con la solicitud del Ministerio Público Fiscal, recomendó la colocación de placas inamovibles con el lema «Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso». Aconsejaron que se la ubique preferiblemente en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N.º 1, donde ocurrieron los incidentes.
Finalmente, se ha instado a la Comisión de Género de la Asociación de Magistrados/as y Funcionarios/as de la Justicia Nacional a proporcionar capacitación y talleres sobre resolución de conflictos y buenas prácticas en el lugar de trabajo, en consonancia con el Convenio 190 de la O.I.T., con el objetivo de prevenir conductas que fomenten un ambiente de violencia contra las mujeres.
