El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y a la Gerente General de la entidad, María del Carmen Barros. El delito que se les endilga está relacionado con contrataciones irregulares en la sede bancaria. La diputada Graciela Ocaña fue quién inició la denuncia penal que ahora está siendo investigada por la justicia.
Los cargos imputados, contra Batakis y Barros, incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y peculado.
Según fuentes judiciales, el juez Daniel Rafecas, quien temporalmente supervisa el juzgado federal 9, recibió la causa y la remitió a Marijuan. El fiscal decidió avanzar en la investigación e imputar a las acusadas, al mismo tiempo que ordenó una serie de medidas de prueba para recopilar toda la documentación necesaria.
La denuncia sostiene que Batakis y Barros habrían realizado contrataciones sin la aprobación del directorio del Banco Nación. Estas incluyen la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como «Pitty, la numeróloga», para un curso de coach por un monto de $1.800.000. También se señala la designación de Héctor Javier Silva, exmarido de Batakis, como Gerente de Sistemas del BNA. Y el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de Barros, en una gerencia en la casa matriz del BNA.
La causa, a su vez, aborda otros aspectos. Entre estos, la autorización de Batakis para que Barros perciba diversos plus y premios que sumarían aproximadamente $9.000.000 en sueldo mensual. Asimismo, se menciona que Juan Manuel Romero, pareja de Barros, habría percibido mensualmente $700.000, a pesar de que se cuestiona su presencia en el trabajo.
