La Ley Ómnibus, presentada por el presidente Javier Milei al Congreso, abarca un extenso capítulo dedicado a reformar el sector energético. La propuesta incluye cambios en la Ley de Hidrocarburos, la regulación del gas natural y la electricidad. A su vez, pretende la unificación de entes reguladores y la liberación de los precios de las tarifas. También se busca la derogación del concepto de autoabastecimiento energético como «objetivo prioritario» y la privatización de YPF.
En la Ley de Hidrocarburos, el cambio central radica en pasar de satisfacer las necesidades del país a maximizar la renta de la explotación. Además, se prohíbe al Estado controlar precios, industrialización y comercialización de hidrocarburos.
“El Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción. En el caso de empresas estatales estas podrán vender únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria. Esto es a las correspondientes paridades de exportación o importación según corresponda”. expone el texto en uno de sus apartados.
Liberalización de los precios
Con relación a las tarifas, se establecerá un nuevo marco regulatorio para el gas natural y la electricidad. En este aspecto se liberarán los precios y fomentarán inversiones y desarrollo de infraestructura privada.
«Crear, modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético inclusive los destinados a subsidios” indica el documento. En este sentido, “detalla que se revisará la procedencia y el destino de los mismos”. Y que el objetivo es “garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos que los integran y en el control al momento de su implementación y aplicación».
Se prevé, a su vez, la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, unificando las funciones de los actuales ENRE y Enargas.
Privatización de la energía
El proyecto también declara “sujetas a privatización” a las empresas y sociedades del Estado. En este contexto, autoriza a vender la participación estatal en compañías como YPF, Enarsa, Nucleoeléctrica, Dioxitex y Yacimientos Carboníferos Fiscales.
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada”, desarrolla el texto de la ley. Y aclara que se hará en caso de que estas empresas “no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades”.
