En el marco de una investigación por una posible fuga de 400 millones de dólares, la Aduana realizó 51 allanamientos. El importante operativo incluyó 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades. El objetivo es determinar si hubo maniobras fraudulentas mediante pedidos de importación falsa.
Las medidas se realizaron en el microcentro de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca. Trabajó en colaboración la Policía Federal Argentina y la División Lavado de Activos. «Estamos investigando la fuga de USD 400 millones a través de importaciones falsas con SIMIs (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) fraudulentos realizadas por 176 empresas argentinas», afirmaron representantes del organismo que conduce Guillermo Michel.
Causas judiciales en proceso
Actualmente, hay cinco causas judiciales en pleno proceso que investigan al menos 137 empresas fantasma creadas entre 2021 y 2022. Estas firmas se utilizaban para falsificar importaciones y obtener dólares del Banco Central a la tasa oficial de cambio.
La particularidad de dichas operaciones radica en que no ingresó mercadería al país. Se estima que el BCRA destinó más de U$S 325 millones para enviar divisas a empresas creadas con este propósito. Además, se determinó que no contaba con empleados, ni actividad comercial exterior.
Es relevante subrayar que muchas de las entidades allanadas carecían de habilitación como importadores o exportadores. Se investiga si fueron creadas exclusivamente para llevar a cabo estas prácticas ilícitas.
La Aduana identificó las irregularidades a través de un análisis sistémico. Comparó los giros de divisas con los bancos y las importaciones nunca realizadas por los supuestos importadores.
La fraudulenta estrategia contó con la complicidad de personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras. En este entramado, se realizaron giros por las falsas importaciones a un centenar de empresas estadounidenses de dudosa constitución, registradas en Delaware y La Florida, vinculadas a ciudadanos argentinos.
La Aduana informó al Homeland Security Investigations de Estados Unidos sobre la situación, buscando obtener información sobre las mismas. La denuncia se sustenta en los artículos 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero, y la Aduana se presenta como parte querellante en el caso.
