Mientras en el Congreso de la Nación los bloques políticos se disputan la victoria de haber sancionado una nueva ley de alquileres, tanto propietarios como inquilinos padecen en carne propia el resultado de una norma totalmente defectuosa.
Por decisión del Ministerio Público Fiscal, el pasado viernes se realizó una audiencia multipropósito contra un sujeto, acusado de cometer estafas reiteradas. En todos los casos, el modus operandi era el mismo al delito anterior.
“Una vez acordados los términos de la locación simulaban realizar la transferencia enviando un comprobante bancario que daba cuenta de los importes y de las cuentas del locador y locatario. Pero, en realidad, dicha transferencia no se había concretado, incurriendo en los locadores en sendos errores”, expusieron desde la Unidad Especializada al momento de la formulación de cargos.
“Una vez en el interior de la vivienda, los sujetos aprovechaban para sustraer elementos de valor, causándole perjuicio patrimonial a los locadores quienes, no sólo no percibían los importes de la locación, sino que además se veían privados de los bienes de su propiedad”, agregaron.
Finalmente, la representante del MPF pidió que se le dicte la prisión preventiva A L.J.F. por el término de cuatro meses. La medida fue autorizada por la autoridad competente.
Este caso constituye un claro ejemplo del perjuicio que puede causar a una familia afrontar un alquiler, por no contar con el techo propio. Es que las realidades están disociadas: mientras la dirigencia política bucea en mares de votos; el ciudadano de a pie debe afrontar problemas de todo tipo en un país en el que parecieran vivirse dos realidades totalmente diferentes.
