Este miércoles, el juzgado de garantías accedió a la solicitud de las defensas de los imputados que enfrentan cargos por intimidación en el colegio San Francisco. Esta medida implicó el cese del arresto domiciliario para una mujer de 60 años y un hombre de 46 años. Ambos seguirán siendo investigación.
Sin oposición por parte de la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, dirigida por Mariana Rivadeneira, se implementaron las siguientes medidas de menor intensidad:
Fijación de domicilios. Los imputados deberán proporcionar direcciones válidas donde residirán durante el proceso legal.
Prohibición de obstaculizar la verdad. Se les prohíbe realizar cualquier acto que pueda interferir con la búsqueda de la verdad y la acción de la ley.
Presentación periódica. Deberán presentarse en la Fiscalía todos los días lunes para registrar su comparecencia.
Prohibición de comunicación. Se les prohíbe comunicarse directa o indirectamente, por cualquier medio físico o electrónico, incluyendo redes sociales, con testigos o terceros, con el fin de evitar actos de turbación o intimidación.
Julieta Molé, auxiliar de fiscal, comentó que “el dictamen es favorable debido a las nuevas evidencias obtenidas durante la investigación”. Como por ejemplo: el informe socioambiental, testimonios y análisis de datos de los teléfonos móviles incautados.
“Tenemos información sobre los gastos relacionados con la evacuación y los procedimientos realizados. Así como un nuevo informe de la compañía de telefonía que muestra la cantidad de servicios a nombre de la mujer. Aún quedan algunos procedimientos pendientes, por lo que se ha citado al gerente de la empresa. En este punto, los riesgos procesales han disminuido, y las medidas de coerción de menor intensidad son adecuadas», detalló la letrada.
La Acusación
El martes 1 de agosto de este año, a las 11 hs, la acusada, en colaboración con el imputado, envió un correo electrónico a la dirección de correo del Colegio San Francisco, ubicado entre las calles Marcos Paz y Maipú en San Miguel de Tucumán. El mensaje fue dirigido con la clara intención de generar temor público. Para esto, utilizaron la conexión a internet de la empresa registrada a nombre de la mujer, cuya IP estaba asociada a su domicilio en el barrio Lomas de Tafí.
En el asunto de este correo, se incluyó la frase «Amenaza de bomba». Y en el cuerpo del mensaje se afirmó: «Hay explosivos en el edificio».
Simultáneamente, a las 11:13, ambos enviaron un segundo correo a otra dirección vinculada al imputado. Utilizaron la conexión de internet de la empresa de su propiedad. En el asunto escribieron «Código Negro», y en el mensaje se indicó: «Evacuar lo más rápido posible, explosivos en la institución».
Esta acción generó un estado de temor entre los miembros del colegio y la población en general. En este sentido, debió intervenir la policía y los bomberos. A su vez, se implementó un protocolo de evacuación que incluyó a 35 docentes y 560 alumnos de la Escuela Padre Roque Correa, así como a 25 docentes, 519 alumnos y 6 miembros del personal administrativo del Colegio San Francisco. Además, se produjeron congestiones y caos en el tráfico mientras se llevaba a cabo este protocolo preventivo.
