La investigación sobre una financiera en Barrio Sur, acusada de estafas, se intensifica. El Ministerio Público Fiscal (MPF) declaró el caso como complejo, citando la multiplicidad de víctimas y la necesidad de análisis especializados.
El pasado 16 de mayo, la Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF llevó a cabo ocho allanamientos. Todos se concretaron en oficinas ubicadas de la calle Lamadrid. El objetivo era investigar al dueño de una financiera de 48 años. Hoy, la auxiliar de fiscal María Paula Bellomio, siguiendo instrucciones de la fiscal María del Carmen Reuter, solicitó una audiencia para declarar el caso como complejo debido al número de afectados.
Bellomio argumentó que el caso cumple con los requisitos del artículo 389 del Código Procesal Penal de Tucumán. Este permite tal declaración en procesos con múltiples víctimas. En este sentido, informó que hay documentos adquirido de los allanamientos a la financiera que requieren el análisis de peritos contables.
La investigación también apunta a posibles cómplices. Bellomio indicó que las víctimas mencionan a otros sospechosos, lo que también justifica la declaración del caso como complejo. Finalmente, tras un cuarto intermedio, el juez autorizó la medida, extendiendo los plazos procesales debido a las 50 denuncias presentadas.
En el marco de la investigación, se realizaron varios allanamientos simultáneamente en las oficianas de la financiera. Se incautaron documentos, como chequeras y recibos, y dispositivos electrónicos, que están siendo analizados por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Múltiples denuncias a la financiera
La causa comenzó formalmente con una denuncia policial el 1 de diciembre del año pasado. Desde entonces, se han sumado denuncias similares. Los denunciantes coincidieron en que la financiera operó desde 2016 hasta diciembre de 2023. Gestionaban créditos para personas, gremios y municipalidades desde su oficina en calle Lamadrid al 400.
Se sospecha que el dueño, junto a otros, recibía dinero de inversores bajo contratos mutuos de 3 a 6 meses. La financiera supuestamente colocaba los fondos en una mutual para otorgar créditos a empleados públicos y judiciales. Los intereses se acumulaban si no se retiraban, hasta que en julio de 2023 la situación cambió.
A partir de entonces, el dueño y su personal siguieron recibiendo fondos a pesar de saber que no podían cumplir con las obligaciones. Al respecto, emitieron cheques sin fondos y dejaron de enviar informes mensuales a los inversores. Negaron el retiro de dinero sin justificación y posteriormente desaparecieron, dejando de responder llamadas y mensajes.
