Ayer se comenzó a desandar uno de los capítulos más negros de la historia de Tucumán. El 8 de diciembre del año 2013 un grupo de policías organizó una rebelión dejando a los ciudadanos librados a su suerte. La sedición, que duró tres días, convirtió a la provincia en un caos. Este martes la justicia iniciará el debate para analizar el grado de responsabilidad de los 47 imputados por aquel trágico suceso.
Los cargos que enfrentan incluyen sedición agravada, incitación a la violencia colectiva, impedimento del normal funcionamiento del transporte terrestre. Además, privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, hurto y robo calamitoso agravado. En algunos casos, incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el marco de la causa, la acción pública está a cargo de Adrián Sollazo, Rafael Heredia Carreño y Gerardo Arch. Representando a la provincia de Tucumán, en su rol de querellantes actúan los abogados José María Molina y Santiago Luis Xamena. Mientras que los jueces Gustavo Aldo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica integrarán el tribunal que llevará adelante este juicio histórico para develar finalmente la verdad.
A lo largo del proceso que se realizará los martes, miércoles y jueves durante septiembre, se tomará la declaración a unas 200 personas. El mismo se lleva a cabo en la Cámara Conclusional de la Sala III, de 9 a 13 hs. En adelante, y de acuerdo a la cantidad de testigos y demás circunstancias que pudieran surgir, se podrá ampliar el horario de cierre de cada audiencia e incluso agregar debates los días lunes o viernes.
Los hechos
La sedición policial comenzó en la noche del 8 de diciembre y duró hasta el 11 del mismo mes, muy cerca de los festejos de navidad y año nuevo. Época propicia para los saqueos. Todo comenzó cuando unos 70 policías se concentraron en la subjefatura de la Policía en reclamo de una mejora salarial. El ofrecimiento del Gobierno, en ese momento, no satisfizo al grupo de uniformados. La respuesta del Ejecutivo, ante la creciente tensión, fue la imposición de un toque de queda.
Los agentes sublevados se acuartelaron y tomaron el edificio de la calle San Miguel y Chile, lugar donde, además de la subjefatura, funcionaba el sistema de seguridad 911. Por consiguiente, se dejó de hacer vigilancia y de responder a los llamados de la ciudadanía. A su vez, los sediciosos prohibieron a otros compañeros realizar su función, interceptando a los vehículos que patrullaban y esgrimiendo armas. Muchos de ellos actuaron con el rostro tapado para evitar ser identificados.
Durante los tres días que duró la rebelión la provincia quedó librada a su suerte. Los comercios y todo tipo de negocios se convirtieron en blancos fáciles para los saqueadores que se aprovecharon de la situación. Tucumán quedó sumida en un caos y la gente se comenzó a defender por sus propios medios formando barricadas y agarrando lo que tuvieran a mano para defenderse.
El resultado fue trágico. Hubo muertos y centenares de heridos. La psicosis colectiva inundó de terror a toda la ciudadanía. Cientos de locales, almacenes y supermercados terminaron saqueados y absolutamente destrozados.
A 10 años de aquel dramático suceso, en donde el sistema democrático en la provincia se puso en peligro, las partes afectadas, el Estado y su gente, esperan que se haga justicia.
