El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, decretó el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños. Esta área, dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), era fundamental para encontrar a los nietos de los detenidos desaparecidos.
La medida, dada a conocer ayer, generó indignación y preocupación en las organizaciones que vienen luchando por la memoria, la verdad y la Justicia, desde hace años. Al respecto, alertaron que se trata de un clima de época, sobre todo si se tiene en cuenta que hace menos de un mes se filtró la noticia de que un grupo de diputados libertarios visitaron en el penal de Ezeiza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.
Carolina Frangoulis, referente de H.I.J.O.S. Tucumán, denunció que «se está desmantelando una parte crucial de la CONADI. “Es una nueva arremetida de este Gobierno, que la semana pasada nos mostraba esta excursión a visitar a genocidas. Bueno, ahora hay una nueva noticia con esta derogación del decreto, un decreto que tiene más de 20 años”, criticó.
Fragoulis explicó que la Conadi fue creada en 1992. Especificó que tuvo “el impulso de un Gobierno que apostaba y que creía que la construcción de la memoria, se hacía también a partir de la búsqueda de los nietos y nietas apropiados”.
Luego, agregó: “estoy segura que hay una provocación permanente. Desde el principio lo hemos visto no solamente al inicio de la gestión de este gobierno de Javier Milei y de Victoria Villarroe,l sino que además lo hemos visto durante la campaña”.
«El desfinanciamiento de la CONADI es un paso más en la amnistía que este gobierno busca otorgar a los genocidas», sostuvo Frangoulis. Además, expresó su preocupación por la continuidad de otros espacios de memoria, como el Centro Educativo Ana María Sosa, ubicado en la escuelita de Famaillá. La relevancia de este lugar es que se trató del primer centro clandestino de detención y exterminio que tuvo el país.
El argumento del Gobierno para cerrar esta unidad dependiente de la CONADI
La decisión de su cierre se justificó alegando que la CONADI invadía competencias del Poder Judicial. Según el ministro de Justicia la Unidad violaba la división de poderes. El Ejecutivo citó una sentencia de la Corte Suprema de 2005 que prohíbe al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales.
Sin embargo, para los organismos de Derechos Humanos, el cierre de la unidad es una señal clara del rumbo que el Gobierno de Milei decidió tomar, en detrimento de la lucha histórica por la verdad y la justicia.
