Se prendieron las alarmas en las distintas áreas que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del exjuez Alberto Baños. Ayer viernes por la tarde, comenzaron a llegar los telegramas de despidos. Se trata de un total de 50 personas que quedaron desafectadas y que se desempeñaban en los sitios de memoria y en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM).
Sin una comunicación oficial, se estima que el número de despedidos podría aumentar. Los gremios han alertado que la cifra afectaría a un total 700 trabajadores del Ministerio de Justicia.
Los despidos comenzaron a conocerse este viernes. Primero fueron cinco personas que trabajan con leyes reparatorias. Después, trascendió un listado de contratos que el secretario Baños había pedido renovar. Este listado incluía 50 contratos menos de los que se habían renovado en marzo, según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El ANM, que alberga la documentación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), es una de las áreas más afectadas. De 17 contratos que debían renovarse, solo se mantuvieron cinco.
Los sitios de memoria también se verán gravemente afectados si se concretan los despidos de 27 trabajadores, la mayoría con diez años en el Estado nacional. «Nos quedamos sin arqueólogos, arquitectos, conservadores, educadores y personal de mantenimiento. Es un desmantelamiento absoluto de los sitios de memoria», explicó una trabajadora.
Las áreas que se verán afectadas
La Secretaría de Derechos Humanos tiene a su cargo cuatro sitios en Buenos Aires: Automotores Orletti, Olimpo, Virrey Cevallos y Atlético. Además, están el Faro de Mar del Plata, la Escuelita de Famaillá, en Tucumán, y el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. La ex-ESMA, sede de la Secretaría, también sufrirá recortes, denunciaron desde los organismos.
Entre los despedidos hay trabajadores reincorporados en marzo o abril. Muchos se enteraron de su posible despido a partir de una lista, sin una comunicación oficial de Baños. La decisión de despedir a quienes implementan políticas de memoria, verdad y justicia, coincide con la postura del gobierno actual, que niega los crímenes del terrorismo de Estado.
Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, convocó a una reunión el lunes a las 16 para informar sobre la situación de los sitios de memoria y sus trabajadores. «Estamos impulsando acciones y denunciando los despidos. Es un enorme retroceso e incumple compromisos internacionales», advirtió.
¿Despidos en la Escuelita de Famaillá?
María Coronel, directora del sitio de memoria Escuelita de Famaillá, declaró que todavía no hubo notificaciones en el área que conduce. Sin embargo, aclaró que hay que esperar hasta el lunes para saber si llega algún telegrama que la puede incluir a ella.
En este sentido, explicó que en la Escuelita de Famaillá hay tres empleados, entre estos un trabajador tercerizado que ingresó por el Cupo Laboral Trans, cuyo contrato vence mañana. «Aunque inicialmente se solicitó la renovación del contrato, han decidido dar de baja al 70% u 80% de ese tipo de contrataciones. Nos han dicho que esperemos hasta el lunes, cuando podríamos recibir notificaciones de despido», indicó.
Coronel lamentó lo que está ocurriendo con las políticas de Derechos Humanos, “justo hoy en el que se cumplen 13 años de la Ley Nacional 26691”. Esta norma obliga al Estado a proteger y conservar los sitios de memoria. Se trata de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.
«Estamos pidiendo ayuda para evitarlo. Hay que cuidar la Memoria, hoy es urgente», agregó la directora de la Escuelita de Famaillá.
