El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas destinadas a reducir el gasto público. Entre las medidas, el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuya ejecución aún no haya comenzado.
En este marco, el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber consideró: «Una obra, por más que esté licitada y contratada pero no iniciada, tiene un derecho adquirido. Preparar una licitación requiere tiempo de estudio, tiempo de evaluaciones, tiempo de preparación. A veces son dos o tres meses en los que una empresa está trabajando en una licitación».
Garber insistió en que la empresa «tiene un derecho adquirido en el momento que firma el contrato de locación de obra«. «En ese caso puntual, la empresa tendrá derecho a ser resarcida», sostuvo en declaraciones a TV Prensa.
En cuanto a la obra de la cárcel de Benjamín Paz, Garber explicó: «Eso es un caso claro de una obra, que no solamente tienen que terminarla y tienen que cumplir el convenio específico con la Provincia que es enviarle todos los fondos, sino que aparte, en el caso de incumplimiento, la empresa puede accionar en contra del Estado, porque es una obra que está al 54% hoy».
«En ese caso, la empresa podrá exigirle al Estado el resarcimiento por lo que no va a percibir en caso de no hacerla a la obra o en el caso de que se vea dañada en su intereses, porque el Estado decida no terminarla», afirmó.
Garber recordó: «Desde la primera mención de (Javier) Milei, cuando dijo no hay plata para hacer obra, yo dije que va a tener que cumplir con todos los contratos que están vigentes. De hecho, no puede dejar un cementerio de hormigón en toda la Argentina. Hay 3.000 obras públicas en ejecución».
