La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Mariana Rivadeneira, continuó con las audiencias de formalización de cargos por amenazas de bombas que vienen sufriendo distintos establecimientos educativos de la provincia.
La auxiliar de fiscal, Julieta Molé, endilgó a una mujer, de 60 años, y a un hombre, de 46 años, el delito de intimidación pública en concurso real y en calidad de coautores, por un hecho ocurrido el 1 de agosto en perjuicio del Colegio San Francisco/Padre Roque Correa, establecimiento ubicado en calle Maipú y Marcos Paz de San Miguel de Tucumán.
Luego de detallar el ilícito, la investigadora pidió que se imponga la prisión preventiva por dos meses. «Se dan los presupuestos materiales y la participación de los imputados. La conexión IP está asociada a los domicilios de los imputados (en Lomas de Tafí y en calle Bolívar). Al momento del hecho, tenían conocimiento que esto afecta a la sociedad», expresó.
«Nadie desconoce lo que nos aqueja a nosotros y a nuestras familias. Han tenido difusión y hubo una campaña de prevención sobre las consecuencias penales, lo que significa un desinterés por el apego de las leyes. No se trató de una simple llamada sino que crearon correos electrónicos falsos para llevar a cabo este ilícito. No resulta menor que la institución educativa está ubicada en pleno centro”, afirmó la Auxiliar de Fiscal, quien mencionó medidas pendientes (identificar las celdas de ubicación, la ampliación de los informes de Google y socioambiental en ambos domicilios a los fines de determinar los dispositivos que utilizaban).
Posteriormente, como medida cautelar de índole civil para la reparación del daño, Molé pidió la inhibición general de bienes librándose los oficios por la suma de $3.000.000 para cada uno. “Fundando en la razón prevista por la norma y en representación de los interés del Estado, teniendo en cuenta la naturaleza del bien jurídico protegido y la puesta en marcha de protocolos de actuación que generó gastos de magnitud a la Provincia”, explicó la representante del MPF.
Finalmente, el juez actuante dispuso hacer lugar, parcialmente, al pedido de la Fiscalía por el término de 29 días, disponiendo el traslado de los acusados al servicio penitenciario de Villa Urquiza y de Banda del Río Salí, respectivamente.
