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San Miguel de Tucumán

La APDH declaró inconstitucional el protocolo contra los cortes de calles

La medida, que prohíbe los cortes de calles y rutas, fue anunciada ayer por la ministra Bullrich.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó su rechazo al «protocolo para el mantenimiento del orden público» anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según la APDH, esta normativa es inconstitucional y abre la puerta a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad.

El organismo aseguró que solicitará la derogación del protocolo por vía judicial, ya que lo considera una versión recargada de una medida presentada durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese entonces, esta disposición -también propuesta por Bullrich a cargo de la misma cartera- nunca fue utilizada por ser “manifiestamente ilegal».

Comunicado en contra del protocolo

«La norma contraría totalmente nuestro ordenamiento jurídico. Abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales», advierte en un comunicado la APDH. En este sentido, señalaron que su implementación podría resultar en la represión de quienes participen en marchas y movilizaciones callejeras.

El organismo sostuvo que el Estado debe garantizar el respeto a los derechos a disentir y a reclamar. Luego, enfatizó que “la fuerza pública debe utilizarse para no impedir el ejercicio de estos derechos, sino para protegerlos”.

La presentación del «protocolo para el mantenimiento del orden público» por parte de Bullrich generó repudio entre agrupaciones sociales y dirigentes políticos. Incluso la izquierda ya se pronunció ayer repudiando lo expresado por la ministra y confirmaron que marcharán este 20 de diciembre.

«La democracia es la posibilidad de convivir aún en el desacuerdo», sostuvo la APDH al defender la protesta social pacífica como expresión democrática. Para la Asamblea “la libertad de expresión y los derechos son fundamentales, y deben ser defendidos con energía y compromiso”.

En el comunicado, concluyó que el protocolo es «inconstitucional y rotundamente antidemocrático». Es por eso que solicitarán, por vía judicial, su derogación, reafirmando su compromiso con los valores democráticos.

Espacio UNT

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