La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad. Los jueces destacaron que las acciones del gobierno israelí en Gaza privaron intencionalmente a la población de recursos esenciales para su supervivencia.
Las cifras son devastadoras: el 70% de las víctimas en Gaza son mujeres y niños palestinos. Este dato subraya el impacto desproporcionado de la ofensiva israelí, que ha destruido hogares, hospitales y escuelas en la región.
Una ofensiva letal
El conflicto escaló tras el ataque de Hamas el 7 de octubre. En respuesta, Netanyahu intensificó los bombardeos en Gaza, jurando destruir a Hamas. Sin embargo, las operaciones han causado miles de muertes entre la población civil palestina.
“La Sala considera que existen motivos razonables para creer que se cometieron crímenes atroces contra civiles en Gaza”, declaró el panel de jueces de la CPI. Las acusaciones incluyen bloquear el acceso a alimentos, agua, medicinas y electricidad, afectando gravemente a una población ya vulnerada.
Netanyahu y Gallant rechazan las acusaciones
El primer ministro israelí calificó a la CPI como «una institución antisemita». Por su parte, Estados Unidos respaldó a Israel, defendiendo su «derecho a protegerse». Estas respuestas, sin embargo, no disminuyen la magnitud de las denuncias presentadas por organismos internacionales.
Una justicia inalcanzable
Aunque las órdenes de arresto son históricas, enfrentan limitaciones. La CPI no tiene mecanismos para ejecutar las detenciones contra Netanyahu, y ni Israel ni Estados Unidos reconocen su jurisdicción.
Mientras tanto, Gaza sigue enfrentando una catástrofe humanitaria. Las víctimas civiles aumentan, y los sobrevivientes enfrentan un futuro incierto, marcado por el dolor y la devastación. La comunidad internacional está llamada a actuar para detener estas atrocidades y proteger a los más vulnerables.
