El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, que en 72 horas elabore un plan para distribuir las cinco toneladas de alimentos alojadas en depósito para ayuda social. Se trata de partidas que no fueron repartidas para “su ejecución de modo inmediato”. El magistrado también dispuso un operativo para hoy a la mañana en los depósitos para tener un detalle de todo lo almacenado.
“Encomendar al Ministerio de Capital Humano a que, en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descritas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”, señala la resolución a la que accedió Infobae.
La denuncia de Grabois
Se trata de una causa penal que inició en febrero pasado el dirigente social Juan Grabois contra el Ministerio de Capital Humano. Denuncia la suspensión de la entrega de alimentos en comedores en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.
Grabois denunció que en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, se almacenan casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir. Son 2.751.653 kilos en Villa Martelli y 2.269.078 kilos en Tucumán de alimentos listos para su entrega.
“El derecho humano fundamental a la alimentación está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, los que están expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que integran el denominado ´bloque de constitucionalidad´. Los mandatos también contemplan la especial protección de determinados grupos de personas en función de alguna condición de vulnerabilidad”, explicó el juez Casanello.
El magistrado también resaltó los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). El documento señala que “el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza. De esa cifra, el 60% son niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria -el 14% de forma severa”.
Casanello rechazó el pedido de la fiscal Paloma Ochoa para que los alimentos se entreguen a todos los comedores que están inscriptos en el Registro Nacional de Comedores. El juez explicó que “corresponde a la Administración elegir, según su enfoque, los medios más adecuados para asegurar el derecho fundamental a una alimentación adecuada».
Casanello dispuso órdenes de presentación para que hoy se “detalle el stock actual de los alimentos almacenados. El informe deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”. También “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha” y “los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”.
Por último, Casanello ordenó la elaboración de un plan en 72 horas para la entrega inmediata de toda la comida
Fuente: INFOBAE
