Todas las personas que se hayan jubilado cumpliendo un cargo jerárquico en el orden público, no podrá ser contratado ni designados nuevamente en el Estado provincial. Tampoco podrán ser convocados en los órganos ejecutivos centralizados y como en los descentralizados. Tampoco podrán ejercer tareas en los Poderes Legislativo y Judicial, Tribunal de Cuentas; Defensoría del Pueblo, Tribunal Fiscal de Apelación y Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).
«La medida exceptúa de la prohibición a quienes se desempeñen en un cargo cuya cobertura derive del voto popular y aquellos que hayan obtenido una jubilación por el ejercicio de una actividad comprendida en la carrera administrativa, judicial y en el área de salud”, consigna el primer artículo del Decreto.
En el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/1, se establece “la necesidad de adecuar las condiciones inherentes a la cobertura y desempeño de la función pública de quienes perciban beneficios jubilatorios otorgados en el ejercicio de cargos superiores del Estado”.
En la norma queda, claramente, establecido que la ética en el ejercicio de la función pública implica un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en ella. En todos sus niveles y jerarquía.
