El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) pidió ser parte del debate de comisiones sobre la ley ómnibus. Con esto se abre un nuevo capítulo en el marco del controvertido proyecto enviado al parlamento por el presidente Javier Milei.
La petición surgió después de que el ACNUDH haya recopilado inquietudes de la sociedad civil argentina. Los cuestionamientos se centraron especialmente en el capítulo de seguridad que podría limitar el derecho a la protesta.
La misión de esta comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), liderada por Xavier Mena, estuvo en Buenos Aires entre el 10 y el 11 de enero. Durante esos dos días sostuvieron encuentros con organizaciones sociales y diversas autoridades, incluida Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad. Trascendió que el diálogo con Bullrich fue tenso, tocando temas como el protocolo anti-manifestaciones y la propia ley ómnibus.
Bullrich ya venía disgustada por las declaraciones del relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule, en diciembre del año pasado. Este había hecho pública, en sus redes sociales, su preocupación por las medidas impuestas por la ministra para “criminalizar la protesta”.
«Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica. Se otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza», ha expresado Voule en su cuenta X,
Bullrich, molesta por esta declaración criticó la intervención de los representantes de la ONU. Consideró que el gobierno argentino no fue consultado al respecto. La solicitud de la ONU para participar en el debate podría entrar en conflicto con la intención del gobierno de aprobar rápidamente la ley.
Interés por participar
El jueves, el representante regional para América del Sur de la Oficina del ACNUDH, Jan Jarab, envió una nota los presidentes de cada comisión encabezadas por Gabriel Bornoroni (Legislación General), José Luis Espert (Presupuesto) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales). El objetivo fue solicitarles hacer una exposición virtual sobre la ley ómnibus que el gobierno envió al Congreso el 27 de diciembre pasado.
“Quisiéramos presentar la perspectiva que emana de nuestro mandato. Esto es, el de las obligaciones y estándares internacionales de los derechos humanos”, aclaró Jarab en la nota a la que tuvo acceso el medio escrito Página/12.
Adicionalmente, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura también expresó su inquietud acerca de la ley ómnibus. El organismo hizo referencia específicamente a la delegación de facultades en seguridad y los apartados sobre seguridad y salud mental.
