Los ediles de San Miguel de Tucumán se reunirán mañana en el recinto para analizar los temas incluidos en el Orden del Día. El presidente de la comisión de Transporte del cuerpo deliberativo, José María Franco, adelantó que, en caso de aprobarse el pedido de los propietarios y choferes de autos de alquiler, la bajada de bandera pasará a costar $600, mientras que la ficha (o 100 metros recorridos), $60.
Franco fundamentó el pedido de los trabajadores del sector en el incremento de los insumos, por otra parte la reparación de los vehículos y, también, la suba del precio de la nafta. «Además, los propietarios de los taxis deben pagar el salario a los conductores, por lo que también se ve afectada su rentabilidad. No es novedad que venimos soportando una inflación alarmante en el país. A ellos también los afecta», indicó.
Mañana jueves, cuando el Concejo se reúna en el recinto, deberá contar los votos a favor y en contra de la suba en la tarifa de taxis que, si bien puede explicarse en la teoría, en la práctica será un nuevo golpe al bolsillo de los tucumanos que no resisten más subas en un servicio básico para trasladarse a su trabajo o a realizar algún trámite.
Uber, otra vez, en el ojo de la tormenta
El concejal capitalino, Carlos Arnedo, reiteró su apoyo a la legalización de Uber en la ciudad. «Es una fuente de trabajo genuina que tenemos que defender», expresó. Y afirmó que «los choferes no son delincuentes, son trabajadores forzados a operar en la clandestinidad, con toda la precariedad que eso conlleva».
Inmediatamente salió al cruce Julio Rodríguez, titular de la agrupación que nuclea a los taxis que circulan por el Gran San Miguel de Tucumán. «Que me disculpe el concejal Arnedo, pero antes que reglamentar los Uber, la municipalidad debe regularizar numerosos pedidos que realizamos desde esta asociación».
«La competencia entre ellos (por Uber) y nosotros es cada vez más feroz y la gente, ante la falta de dinero, hace lo que puede», remató Arnedo.
