La directora ejecutiva de ANDHES (Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), Florencia Vallino, habló con TV Prensa sobre el decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo que busca frenar la escalada de violencia de estudiantes en la vía pública mediante detenciones. La abogada explicó que esta medida no resuelve el problema y que tampoco se ciñe a derecho.
Los videos de esta semana que muestran a estudiantes peleando en la calle genera preocupación en la sociedad. Ante esto, el primer mandatario, anunció ayer la puesta en funcionamiento de una normativa provincial que habilita a la policía a detener a los alumnos. Además, impone sanciones a padres e instituciones educativas.
Vallino analizó el decreto y explicó que esta disposición “termina avalando la baja en la edad de punibilidad de hecho o que habilita el uso discrecional de la fuerza”. Es decir -agregó- que “es una medida contraria a ese paradigma de los Derechos Humanos” y que “es regresiva».
A su vez, se mostró muy preocupada por otro punto del decreto relacionado a la escolaridad del estudiante. «El segundo artículo implica la sanción para los adolescentes, por parte de la institución educativa, de expulsión. Además, agrega un siguiente punto vinculado a que los chicos y las chicas no sean luego recibidos en otras instituciones educativas. Esto lesiona profundamente el derecho humano a la educación».
El decreto «no resuelve la cuestión»
En este sentido, la representante de ANDHES entiende que el decreto “no resuelve la cuestión”. “Es demagógica en la medida en que no aborda la conflictividad en concreto, que suscita este tipo de hechos. Los adolescentes quedan otra vez relegados de su protagonismo de participar. De poder expresar cómo a ellos les parece que se puede resolver esta conflictividad que se viene planteando, qué posición, qué tienen para decir en ese sentido», especificó
Sobre la pena de ser detenidos, destacó que es “absolutamente contrario a derecho” y que está prohibido por los estándares internacionales vigentes en la materia”. Al respecto, detalló: “los y las adolescentes no pueden alojarse en los mismos espacios donde hay gente adulta. Ese estándar es muy claro en nuestro país”.
