En un giro inesperado, el Gobierno Nacional desmanteló el Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia). Este plan era una política pública que desde su implementación en 2018, bajo la administración de Mauricio Macri, y continuada por Alberto Fernández, había logrado reducir a la mitad la tasa de embarazo adolescente en el país.
El Plan ENIA, reconocido como un ejemplo de política pública para América Latina y el Caribe, fue un pilar en la disminución de las tasas de embarazo en adolescentes. Los números expresan que el país paso de 94.079 nacimientos de madres menores de 20 años en 2017 a 46.236 en años recientes. Sin embargo, esta exitosa iniciativa enfrenta su fin en un contexto de reducción general del Estado. A su vez esto generó preocupación entre especialistas de diversos sectores, quienes consideran la decisión como un considerable retroceso social y de salud.
Incertidumbre sobre el presupuesto a la prevención
La desarticulación del Plan se anunció sin mayores explicaciones, dejando en el aire preguntas críticas sobre quién tomará la responsabilidad. Asimismo queda el interrogante sobre que presupuesto se asignará para continuar con los esfuerzos de prevención. A pesar de las afirmaciones del Ministerio de Salud de la Nación sobre la continuidad del Plan bajo un nuevo enfoque, la falta de claridad y liderazgo —específicamente en la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva— plantea incertidumbre sobre el futuro de las estrategias contra el embarazo adolescente.
Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de CIPPEC, destaca la importancia del Plan ENIA como una iniciativa intersectorial diseñada para fortalecer el impacto de las políticas públicas en la prevención del embarazo adolescente. La especialista considera que es un factor clave en la perpetuación de la pobreza. La decisión del gobierno de desmantelar el Plan pone en riesgo los avances logrados. Además podría tener consecuencias duraderas en la salud y el bienestar de las jóvenes argentinas.
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